Un nuevo retraso se acumula en la puesta en marcha de las viviendas sociales compradas hace un año por el Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig. El reglamento que iba a regularlas no se presentará para su aprobación en el pleno de febrero, como anunció la concejala de Bienestar Social, Isabel Candela, y se pospone al menos hasta marzo.

La edil reconoce que se han encontrado trabas jurídicas que obligan a crear una normativa paralela que regulará en concreto el uso de las seis viviendas compradas por el Ayuntamiento. La edil advierte de que estas casas se van a utilizar exclusivamente como viviendas de emergencia social y no para el alquiler social como hasta ahora se había anunciado; puesto que será el parque de viviendas que se pretende crear el que va a regular el alquiler social.

«Son para emergencias sobrevenidas y su uso será temporal, de seis meses a un año como máximo y ahora estamos armando las bases», explica; a la vez que señala que también en estas casas los usuarios tendrán que asumir pagos. «Si lleváramos todo el reglamento a la aprobación por el pleno, las seis viviendas tardaría todavía un poco en salir porque tendríamos que hacer enmiendas», justifica Candela.

Desde Bienestar Social indican que el reglamento es una norma que implica la realización de diversos procedimientos, «que tanto para los vecinos como para los arrendatarios que vayan a poner su vivienda a disposición municipal en régimen de alquiler social, se plantean complejos».

Y apuntan que para evitarlo, «jurídicamente se ha optado desde servicios sociales por dividir el reglamento en dos vías procedimentales diferentes, normativizando por separado las seis viviendas destinadas a emergencia social y el parque de viviendas de alquiler asequible».

«Toca dar un paso atrás»

«En San Vicente no ha habido antes política de vivienda y hay que ir avanzando, pero a veces nos toca dar un paso atrás», justifica la edil, que confía en poder aprobar el documento en marzo. Y recalca que ya han comunicado el retraso a Stop Desahucios «y están completamente de acuerdo», indica Candela. La Plataforma ya ha advertido anteriormente de la necesidad de contar con viviendas con un alquiler asequible y la existencia de, al menos, una treintena de familias con necesidad inmediata de un recurso de este tipo.

La concejal reconoce que ha sido en el periodo de exposición pública del reglamento donde se ha revelado la existencia de trabas jurídicas que, según explica, habrían retrasado la puesta en marcha de las seis viviendas de titularidad municipal.

Y añade que el reglamento en el que se ha estado trabajando desde el principio del mandato regulará la gestión del futuro parque de viviendas que el consistorio quiere poner en marcha. Para ello señala que se va a encargar un estudio de inmuebles que se encuentran vacíos en San Vicente y, a la vez, se va a contactar con propietarios que quieran adherirse a este parque.