El contrato de limpieza de edificios municipales y colegios está abocado a una cuarta prórroga forzosa. Tres empresas han presentado recursos contra la licitación de este concurso que tiene dos lotes, el segundo de ellos se refiere a la limpieza de las instalaciones deportivas. Ambas adjudicaciones están bloqueadas hasta que se resuelvan estos reparos.
El precio de licitación para los próximos tres años es de 6,1 millones de euros. Pero la adjudicación de una mercantil que se ocupe de la limpieza de los 14 centros educativos, los 12 colegios, la EPA y el Conservatorio y otros 30 edificios municipales, se va a retrasar. Y de hecho, va a obligar a mantener la situación anómala de prórroga forzosa. El Ayuntamiento ha firmado la tercera después de haber agotado los tiempos de contrato habituales.
Estos recursos también bloquean el contrato de limpieza de instalaciones deportivas. En este caso, la licitación quedó desierta y Deportes mantiene su intención de que este servicio se municipalice. El edil José Luis Lorenzo afirma que está decidido a que sea una realidad y, de hecho, prevé visitar distintos municipios para conocer las experiencias de municipalización, aunque admite que ello supone prorrogar el servicio actual.
Las tres mercantiles han presentado, cada una con distintos motivos, alegaciones a la licitación, lo que ha paralizado el proceso de contratación.
Todas ellas han solicitado al Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales la suspensión del procedimiento de contratación. Por un lado, porque no consideran que la tramitación deba realizarse como urgente, restando tiempo para poder presentar la documentación necesaria para optar al contrato. Una de las mercantiles da un tirón de orejas al Ayuntamiento al recordar que el contrato está prorrogado y ha superado además la duración máxima prevista y que ello «no justifica la urgencia porque lo que se está tratando de justificar sería un retraso de la administración para la tramitación del expediente de contratación de un servicio de limpieza cuyas circunstancias resultaban más que conocidas». Y advierten de que «la tramitación urgente no puede ser consecuencia de la demora con la que la Administración ha actuado en el cumplimiento de sus obligaciones».
Imprevisible
El concejal de Contratación, Jesús Arenas, reconoce que «los recursos están en manos de un tribunal administrativo que resuelve estos procesos en un tiempo relativamente corto». El edil asume que el proceso en estos momentos se encuentra suspendido «y se reanudará en función de la resolución, siendo esta una circunstancia imprevisible para el Ayuntamiento». El edil apunta que «los recursos son muy fáciles de interponer por las empresas ya que es ágil y gratuito. Y pese a que desde los servicios técnicos del Ayuntamiento se intenta ser lo más garante posible en todos los procesos de contratación nos pueden surgir cuestiones imprevistas como esta».
El PP denuncia la pérdida de 136.000 euros de una subvención
El Ayuntamiento de San Vicente ha gastado 141.000 euros de los 277.000 euros recibidos de subvención para la mejora de los polígonos industriales del municipio a través de una subvención del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE). El grupo popular denuncia que casi la mitad de esa ayuda, 136.000 euros, se han dejado perder por no invertirse. «Es inadmisible el hecho de que un mes tras otro, comprobemos la falta de planificación y la nefasta gestión del equipo de gobierno municipal al no solicitar, dejar perder o no gestionar debidamente las subvenciones», critica el portavoz, Óscar Lillo, quien añade que «esto se traduce en un perjuicio para las empresas y negocios de los tres polígonos industriales de San Vicente». En el caso de la instalación de cámaras que habían pedido los empresarios, «por falta de tiempo, como reconoció el propio concejal de Comercio, Alberto Beviá, en el último pleno del año, solo se invirtieron unos 50.000 euros». Los populares inciden en que «teniendo conocimiento del importe desde mediados de 2018, esperen a última hora siempre para llevar a cabo los proyectos. En este caso, teniendo que recurrir a un contrato menor en vez de sacarlo a licitación y disponer de unas cámaras más adecuadas al proyecto inicial y a la demanda de los empresarios del Canastell».
