El Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig acaba de publicar en su web el borrador del reglamento de gestión y adjudicación de las seis casas del parque municipal de viviendas sociales y asequibles. Un documento que antes de poder ver la luz definitivamente, y dos años después de la compra de la primera casa social, debe de pasar por la fase de consulta pública previa. Y hay 30 familias en situación de extrema gravedad que podrían optar a estas viviendas.
Vecinos y entidades pueden ya hacer las aportaciones y sugerencias que se podrán presentar hasta el próximo día 13 de enero. En ese momento serán los técnicos de servicios sociales quienes las estudiarán y resolverán.
La concejala de Bienestar Social, Isabel Candela, explica que el objetivo del consistorio es que el próximo mes de febrero el documento con las propuestas presentadas, revisadas e incorporadas o no, se presentará en la sesión plenaria para su aprobación. La siguiente fase es la apertura de un periodo de alegaciones hasta la aprobación definitiva. Ello supondrá la puesta en marcha del mecanismo para que las familias en situación de extrema necesidad puedan optar a una de estas viviendas que se ofrecen de forma provisional para paliar casos de emergencia.
La concejala reconoce que en el área tienen una treintena de familias en una situación de precariedad susceptibles de ser candidatas a estas viviendas. Y lamenta que con solo seis casas, el problema no va a poder resolverse. De ahí que el esfuerzo de su área en 2020 va a ser solicitar a los propietarios de viviendas que las alquilen al Ayuntamiento para que éste las incorpore para en una bolsa de viviendas para alquiler asequible.
Los beneficiarios deben estar empadronados en San Vicente y estar en riesgo inminente de pérdida de la vivienda habitual o no puedan permanecer en ella por alguna situación especial, como un desastre o ruina, y no puedan acceder a una vivienda de mercado libre, ni a través de las ayudas al alquiler de la concejalía, ni con la renta valenciana de inclusión ni otras ayudas sociales.
Recurso de emergencia
El documento que ahora en fase de consulta pública es un recurso «de emergencia» para ayudar a las familias en riesgo de exclusión social por pérdida de su vivienda habitual. Las familias tendrán un plazo máximo de un año con posibilidad de una prórroga de seis meses para vivir en estas casas y el alquiler social que asumirán dependerá de una valoración personalizada que realizarán los técnicos de la concejalía, según explica la edil.
Mientras tanto, el reglamento es imprescindible para poder poner en funcionamiento las seis viviendas sociales compradas por el Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig. Sin embargo, y a pesar de que las casas ya son propiedad municipal, en el anterior mandato no se llegó a realizar esta regulación. De hecho, la concejala de Bienestar Social indica que el documento que se presenta se inició en agosto, cuando accedió a la concejalía, puesto que afirma, no había nada previo de su antecesora. Lo que contrasta con lo que la anterior edil aseguró, incluso en pleno a preguntas de la oposición, y era que dicho documento estaba redactándose y a punto de ser aprobado. Algo que desmiente Isabel Candela, quien señala que ha sido ella misma la principal autora de este reglamento, que ha pasado una revisión jurídica antes de llegar a esta fase de exposición. «El reglamento no lo inició nadie y si lo ha iniciado se lo ha llevado», afirma.
La edil explica que se ha fijado en la normativa de otras ciudades que cuentan con un parque de viviendas sociales para adaptarlo al caso de San Vicente. Como el caso de Barcelona, Novelda y Gijón, del que asegura, tiene muchas cosas el documento sanvicentero.
El reglamento que regula quién y cómo podrán ocupar las viviendas llega casi dos años después de la compra de la primera casa, en mayo de 2018, y trece meses después de la adquisición de las otras cinco, en noviembre de 2018. Todas ellas sin uso desde entonces.
«Son casas para situaciones muy graves», reconoce Isabel Candela,quien señala que las familias deberán afrontar un pago que «dependerá de la situación. Se valorará en el historial». La edil recalca que se trata de un recurso temporal. «Dejaremos claro que no se pueden acomodar porque hay muchas familias que lo necesitan».
