Los vecinos de Muchavista denuncian una oleada de robos y de actos vandálicos, y reclaman al Ayuntamiento mayor vigilancia y la instalación de cámaras para frenar un fenómeno que niegan desde la Corporación, que considera casos puntuales.

Desde las asociaciones de vecinos l'Horta-Muchavista y La Zenia han denunciado que en las últimas semanas se ha producido una oleada de robos, sobre todo en trasteros de esta zona turística. Y por ello se reunieron la pasada semana con el alcalde Juanjo Berenguer (PP) y el primer teniente de alcalde, Julio Oca (Ciudadanos), para trasladarles su preocupación por estos robos y también por actos vandálicos, y reclamarles entre otras medidas la instalación de cámaras de vigilancia en todo en municipio.

En concreto solicitaron este tipo de actuaciones por ejemplo en la calle Francisco de Orellana, que era un callejón sin salida y que desde hace meses conecta con Sant Joan por La Font, debido a los incidentes que se vienen registrando desde que se abrió la calle. Y es que recuerdan que el pasado verano destrozaron vehículos, y recientemente se han quemado buzones. Y alertan además que el 10 de diciembre entraron a robar en una urbanización las bicicletas, lo que está generando una gran preocupación. Pero los residentes explican que se encontraron con «un no rotundo del alcalde a las cámaras a pesar de informarle de los q está ocurriendo en Muchavista». Insisten en que no son casos aislados y que periódicamente sufren estos robos, y que la Policía Local no tiene efectivos para patrullar por lo que sienten abandonados.

Por su parte desde el Ayuntamiento calificaron las manifestaciones de los vecinos de «alarmistas» y «exageradas», asegurando que solo se han registrado dos casos de robos en trasteros, y que no hay ninguna oleada. Destacaron el escaso índice de delincuencia que presenta El Campello y que en todo caso la seguridad es competencia de la Guardia Civil. Y señalaron que la instalación de cámaras es inviable tanto por la gran cantidad de accesos que tienen las zonas urbanas, lo que obligaría a «inundar» el municipio de estos dispositivos, como por el coste económico «insostenible» que supondría, cuando además consideran que no hay un problema de seguridad.