El juez ha aplazado la declaración de tres funcionarios municipales que hoy lunes estaba prevista por la causa por la que están investigados los dos últimos alcaldes, por una presunta prevaricación administrativa por el troceamiento de contratos de mantenimiento. Según ha informado fuentes cercanas al caso, estaba previsto que acudieran en calidad de testigos la interventora municipal, la jefa de Contratación y al secretario del Ayuntamiento, por un problema de agenda de uno de ellos.
El juez había citado para declarar el 2 de diciembre como testigos a los tres funcionarios municipales para interrogarles sobre dos contratos de mantenimiento de una depuradora y de una fuente. Y ahora fijará una nueva fecha para proceder con esta diligencia.
El magistrado ya tomó declaración al exalcalde Benjamí Soler, de Compromís, y el actual primer edil, el popular Juanjo Berenguer, investigado por su primera etapa al frente del Consistorio. Se trata de dos contratos que han supuesto un desembolso de un total de 460.000 euros durante una década de forma supuestamente irregular, al no haberse adjudicados los contratos en un concurso público pese a su cuantía.
El titular del Juzgado de Instrucción Número 1 de Alicante ha citado a la interventora municipal, a la jefa de Contratación y al secretario del Ayuntamiento para tratar de aclarar el alcance de este caso que fue denunciado por EU y que afecta a dos contratos de mantenimiento: de una depuradora de la zona norte y de la fuente del Centenari. Y la citación está fechada tan solo cuatro días después de acudir a sede judicial los dos investigados.
Los dos últimos alcaldes estuvieron declararon durante cerca de cuatro horas ante el magistrado el pasado 24 de octubre, justificando ante el magistrado sus actuaciones en cuanto a los dos temas que se investigan, aunque no trascendió nada del contenido. Y ninguno de los dos quiso realizar manifestaciones a este medio al estar el tema bajo investigación judicial, aunque ya en su día rechazaron haber incurrido en cualquier ilegalidad.
El magistrado, tras analizar la denuncia formulada por EU, abrió diligencias previas y solicitó información al Consistorio a primeros de 2019 sobre la depuradora. El juez investiga el pago irregular de 340.000 euros para mantenerla durante diez años. Se trata de la estación del edificio Cala Mercé y las pesquisas abarcan desde 2009, aunque solo están investigados los alcaldes entre 2011 y 2019, ya que el anterior, Juan Ramón Varó (PP), falleció el pasado año.
El juzgado solicitó en febrero los expedientes administrativos de contratación de servicio de mantenimiento, explotación y depuración del edificio Cala Mercé de 2009 a 2018. Además, la denuncia de EU también incluía el mantenimiento de la fuente del Centenari, en el Parque Central, que también es objeto de investigación. En su denuncia EU alertaba de que «se han estado abonando más de 120.000 euros con reparos por su dudosa legalidad», y podía haber un presunto fraccionamiento de contratos en el caso de la fuente.
Actuación correcta
Berenguer, alcalde entre 2011 y 2015 y que recuperó la vara de mando tras las elecciones del pasado 26 de mayo, y Soler, primer edil entre 2015 y 2019, negaron a INFORMACIÓN en febrero, tras trascender la investigación abierta por el juez, cualquier ilegalidad. Los dos en su día recordaron que se trata de una depuradora cuyo mantenimiento es competencia de la Generalitat, y que se ha tratado sin éxito de que fuera la Conselleria la que asumiera los costes. Pero esta lo ha rechazado en varias ocasiones, alegando el próximo inicio de las obras para conectar la zona norte con la depuradora de l’Alacantí Nord, en Sant Joan, lo que permitirá dejar fuera de servicio esa depuradora. Y también defendieron que los pagos se han apoyado en informes positivos y se abonaban a la empresa designada por la Generalitat.
En cambio la denuncia de EU advertía sobre la depuradora de que «los tres últimos alcaldes han mantenido a dedo pagos a una misma empresa durante 11 años, a pesar de ser informados reiteradamente por parte de Intervención, Secretaría y Contratación de una posible ilegalidad, motivando la existencia de fraccionamiento de contrato, vulneración de los principios de publicidad, concurrencia, transparencia, no discriminación e igualdad de trato y ausencia de procedimiento legal de contratación. Han advertido de los posibles efectos que podría conllevar la ilegalidad, por un supuesto de responsabilidad administrativa de autoridades, responsabilidad penal de autoridades y responsabilidad contable de autoridades».
Por ello, ahora el juez cita a declarar en calidad de testigos a los responsables de Intervención, Secretaría y Contratación dentro de este caso por supuesta prevaricación administrativa.
