Un juez ha citado a los últimos dos alcaldes de El Campello por una investigación sobre los pagos irregulares que se han venido realizado desde hace una década para el mantenimiento de una depuradora de la zona norte. El popular Juanjo Berenguer, actual primer edil, está convocado por ser quien ya ocupó el cargo entre 2011 y 2015, así como el alcalde entre 2015 y 2019, Benjamí Soler (Compromís). Será la próxima semana cuando acudan al Juzgado de Instrucción Número 1 de Alicante, que ha abierto diligencias previas, para declarar por una supuesta prevaricación administrativa, tras alertar EU de un posible fraccionamiento de contratos en una denuncia formalizada en 2018 ante los tribunales por el mantenimiento de esta depuradora y de la fuente del Centenari.
El magistrado ya pidió a principios de este año información al Ayuntamiento sobre el caso de la depuradora. Investiga el pago irregular de 340.000 euros para mantener esta depuradora durante 11 años. Se trata de la estación de tratamiento del edificio Cala Mercé, en la zona norte. Las pesquisas abarcan desde 2009, aunque solo declararán los alcaldes entre 2011 y 2019, ya que el anterior, el popular Juan Ramón Varó, falleció en 2018.
El juzgado solicitó el pasado mes de febrero «los expedientes administrativos que obren en su poder de contratación de servicio de mantenimiento, explotación y depuración del edificio Cala Mercé de los años 2009 a 2018», debido a las diligencias abiertas por una presunta prevaricación administrativa. Además, la denuncia también incluía el mantenimiento de la fuente del Centenari, en el Parque Central, aunque no hay constancia de que el juez haya pedido información adicional a la aportada por EU, por lo que se desconoce si también es objeto de investigación.
El exalcalde Benjamí Soler declinó ayer realizar declaraciones al respecto, aunque ya a principios de año, cuando trascendió la investigación judicial, negó cualquier ilegalidad y defendió que los pagos se han apoyado en informes positivos y se abonaban a la empresa que designaba la Generalitat, de quien es competencia esta pequeña depuradora. Berenguer también declinó manifestarse ayer al respecto, aunque ya en febrero recordó que en su día se trató de traspasar el mantenimiento a la Generalitat sin éxito y que, de no haber realizado los abonos se habrían producido vertidos.
Generalitat
La Generalitat ha venido rechazando asumir esta conservación porque el proyecto para conectar el alcantarillado de la zona norte con la depuradora de Sant Joan convertirá esa pequeña estación en un complejo de bombeo, y estas obras están próximas a su inicio, en un principio en los próximos meses.
En su denuncia el regidor de EU Pedro Mario Pardo alertaba de que la situación de la depuradora se viene dando desde al menos 2007, contando los pagos con numerosos reparos por parte de los técnicos municipales. Recordaba que el contrato de mantenimiento «fue adjudicado sin expediente alguno desde el año 2009 hasta el presente año (2018), con la circunstancia añadida de que dicho contrato no cabía adjudicarlo como contrato menor al superar la cantidad de 18.000 euros anuales, IVA excluido». Y es que el Consistorio ha venido abonando por ello una media de 30.000 euros anuales.
Pardo denunciaba en 2018 que «los tres últimos alcaldes han mantenido a dedo pagos a una misma empresa durante 11 años, a pesar de ser informados reiteradamente por parte de Intervención, Secretaría y Contratación de una posible ilegalidad, motivando la existencia de fraccionamiento de contrato, vulneración de los principios de publicidad, concurrencia, transparencia, no discriminación e igualdad de trato y ausencia de procedimiento legal de contratación. Han advertido de los posibles efectos que podría conllevar la ilegalidad, por un supuesto de responsabilidad administrativa de autoridades, responsabilidad penal de autoridades y responsabilidad contable de autoridades».
En cuanto a la fuente, Pardo se mostraba en la denuncia en la misma línea, ya que se han estado abonando más de 120.000 euros anuales con reparos por su dudosa legalidad y alerta también de un fraccionamiento de contratos.
Reiteradas advertencias
El regidor lamentó ayer que «hemos advertido en repetidas ocasiones estas irregularidades y no se ha hecho nada, y nos sorprende que seamos el único grupo que denuncia estas situaciones. Hay un informe de fiscalización interna que alerta de que del periodo 2014- 2017 existen más de 30 contratos en fraude de ley por fraccionamiento, entre los que se encuentran estos dos que denunciamos. Y por voluntad política, dos años después, está paralizado sin entender a qué razones responde. Y luego hay otro informe de la interventora de la liquidación de 2017 en el que habla de que el área está colapsada. Todas las soluciones que hemos planteado en estos cinco años han sido rechazadas, auditorías, aumento de personal para mejorar la fiscalización, etc. Lo que nos hace pensar que en tantos años se han podido crear intereses mantener esta situación irregular con dinero público y es lo que nos ha hecho dar este paso drástico de trasladarlo al juzgado».
El juez, tras la declaración de los alcaldes, tendrá que decidir si sigue adelante con la investigación o bien la archiva.
