Los tribunales entran en la polémica por el vial de Muchavista que se mantiene cerrado desde hace seis meses y cuya legalidad cuestionan técnicos del Ayuntamiento de El Campello pese a otorgarse licencia municipal en 2017. El Juzgado de los Contencioso Administrativo Número 3 de Alicante ha abierto una investigación a raíz de la denuncia de la propia promotora, Paucampro SL, contra el decreto por el que el anterior alcalde, Benjamí Soler, (Compromís) rechazaba la recepción de las obras de urbanización. Una actuación urbanística que facilitaría levantar tres chalés en esta privilegiada zona, junto a Villa Marco, y que desde EU han calificado de «presunto trato de favor».
El magistrado, en una resolución dictada el pasado 20 de septiembre, da 20 días al Ayuntamiento para que aporte el expediente administrativo íntegro para proceder a su análisis, después de que la empresa campellera Paucampro haya presentado un contencioso contra el decreto de febrero de 2019 por el que se rechazaba su recurso de reposición contra la negativa a recepcionar las obras de urbanización. Una situación por la que el promotor reclama 200.000 euros en concepto de daños y perjuicios.
Tal y como ha venido informando este medio, el Ayuntamiento valló el pasado mes de marzo el vial que conecta la calle Barcelona con el Camí de Palmeretes -denominado calle Mallorca-, después de rechazar in extremis la recepción del mismo e instar al promotor a que lo cerrara. Esta oposición a aceptar el vial se basó en que la titularidad de los terrenos no estaba clara por unos escritos de otra empresa que hasta entonces había ignorado la Corporación, sin entrar a valorar su legalidad.
Esta calle permitiría construir tres chalés de lujo sin tener que esperar al desarrollo de su sector, ya que se trata de Suelo Urbanizable No Programado que al disponer de fachada a un vial pasaría a tener consideración de solar. Y dos informes municipales alertaban de que esta actuación sería ilegal y que debería esperarse al desarrollo de todo el plan parcial, pese a haber concedido en noviembre de 2017 la licencia de obras.
Por su parte, desde la empresa Paucampro han venido denunciando que el Ayuntamiento va contra sus propios actos, y que se han limitado a realizar lo que le ha indicado la Corporación. Por ello, el promotor del vial presentó un escrito en el que anunciaba la interposición de una reclamación por responsabilidad patrimonial que está en tramitación, y lamentó ayer el perjuicio económico y personal que está sufriendo por este tema.
Solución cercana
Por su parte el alcalde, Juanjo Berenguer, no quiso entrar a valorar la apertuta de diligencias judiciales y, respecto a una posible revisión de oficio para revocar la licencia, explicó que «eso es una última opción que no contemplamos. Estamos buscado una solución menos gravosa para el Ayuntamiento y esperamos tenerla a finales de mes». Agregó que la existencia de «disparidad de criterios» entre técnicos como la que hay en este tema es algo «habitual y hasta sano» y que el expediente no está cerrado.
Moción tumbada
Precisamente el pleno tumbó la pasada semana una moción de EU en que la que se pedía iniciar la revisión de oficio para revocar la licencia ante las irregularidades que han aparecido. Solo EU votó a favor, con el rechazo de PP, Compromís, Vox y Podemos y la abstención de Cs, PSOE y Red. En el pleno, tanto el alcalde como el anterior primer edil reiteraron la necesidad de buscar una solución lo menos gravosa para El Campello.
Por su parte, el concejal de Esquerra Unida Pedro Mario Pardo manifestó ayer que «el Ayuntamiento tiene indicios de que hay una ilegalidad y tiene que aclararlo. No puede existir ninguna solución que no pase por la aplicación de la Ley», destacando que «la solución menos gravosa es aclarar quién es el responsable de tantas irregularidades en el área de Urbanismo».
EU denuncia que sigue sin tener acceso a la documentación
EU denuncia que sigue sin tener acceso a los expedientes municipales y alerta de que el Ayuntamiento está desoyendo al propio Síndic de Greuges, que ha pedido información respecto a esta situación de veto que sufre su regidor Pedro Mario Pardo, y que es extensiva a todos los concejales. Este cierre en el acceso se inició a finales del anterior mandato y se mantiene con el nuevo gobierno de PP, Cs y Vox.
En Síndic de Greuges admitió la queja del edil y el pasado 27 de agosto pidió al Ayuntamiento que aportara información respecto a esta situación, sin que según Pardo desde el consistorio se haya contestado. Pardo afirma que «la actitud despótica del alcalde Juanjo Berenguer está impidiendo realizar mi trabajo como concejal», mientras que el primer edil anunció en el pleno que se le daría un acceso progresivo a los expedientes municipales.
