La denuncia sobre una posible obra ilegal en primera línea de playa de El Campello ha vuelto a poner el foco en el área municipal de Urbanismo. En concreto, se trata de una construcción de 12 apartamentos en la Avenida Jaime el Conquistador, cuya licencia de obra fue concedida por el anterior equipo de gobierno hace tres años, cuando la concejalía estaba dirigida por PdC-Podemos. Según los vecinos de la zona, la edificación presenta numerosos problemas técnicos y podría estar construyéndose en fraude de ley. Sobre esta cuestión se ha pronunciado el grupo municipal de Esquerra Unida, quienes señalan que la supuesta ilegalidad obedece a que la licencia del proyecto de obra fue concedida en base al PGOU de 2011, declarado nulo por el Tribunal Supremo en diciembre del 2016. Desde el Ayuntamiento sostienen que son conscientes de la situación y que el expediente «se está tramitando», tal y como declara el actual alcalde y concejal de Urbanismo, Juanjo Berenguer. La situación, denunciada también por particulares, expone que la obra podría ser ilegal por no ajustarse a marco urbanístico que el municipio tiene en vigor hoy en día, como es el Plan General de 1986. Además, existe un informe del Jefe de Planeamiento del área de Urbanismo contrario a dar licencia de construcción para el inmueble.
Al respecto, el concejal y portavoz de EU en El Campello, Pedro Mario Pardo, apunta que el Ayuntamiento «tiene una responsabilidad directa en este asunto, ya que si el tema acaba en los tribunales y el juez declara nula la licencia otorgada por el ayuntamiento, habría que derribar los doce apartamentos e indemnizar a la constructora». Añade el edil que supondría «una sanción millonaria para los bolsillos de los campelleros y campelleras». «Esta nueva situación, se vendría a sumar a la licencia ilegal otorgada por el ayuntamiento para la construcción de dos chalets de lujo de Villa Marco que tanto técnicos municipales como Esquerra Unida venimos denunciando sin que se actúe de oficio para anular dicha licencia», subraya el representante público.
El caso también ha sido denunciado por vecinos y particulares, quienes sostienen que «parece ser que el Ayuntamiento de El Campello no ha tenido en consideración los efectos de la nulidad declarada por los tribunales sobre el PGOU de 2011, pues dicha abolición impide en cualquier modo la aplicación del modelo urbanístico para las obras en el municipio». Por ello, la formación de izquierdas junto con vecinos y particulares reclaman al consistorio que paralice las obras y declare nula la construcción del inmueble. Además, los propios residentes afirman que la edificación «está plagada de irregularidades técnicas», lo que ha provocado quejas de los que viven en los alrededores.
El edil de EU recuerda, además, que en el último pleno ordinario del mes de julio, la agrupación local presentó una moción para realizar una auditoría de tres áreas municipales: hacienda, recursos humanos y urbanismo. «Lamentablemente fue rechazada con los votos en contra de PP, PSOE y Vox», cuenta Pardo. «Y es que al gobierno actual parece no gustarle o interesarle la transparencia. La primera medida adoptada por Juanjo Berenguer a la llegada a la alcaldía, fue bloquear el acceso a todos los expediente en los que el grupo municipal de EU estaba trabajando, entre los que se encuentra este. Dos meses y medio después, todavía no nos ha dado acceso, a pesar de habérselo pedido dos veces por escrito e incluso en el pleno municipal», subraya el político. Es por lo que Pardo anuncia que de continuar la obstrucción de su trabajo de fiscalización al gobierno, «nos estará obligando a llevar este asunto a los tribunales por el incumplimiento del artículo 77 de la Ley de Bases del Régimen Local». Por último, el concejal lamenta la actitud que ha adoptado Berenguer «de negar todas las irregularidades que se ha encontrado en el área con el único objetivo de intentar taparlas». Es por ello que, destaca Pardo, la formación seguirá dejando patente su enfado con la decisión que ha tomado el primer edil al respecto, puesto que «exigir información, transparencia para solucionar los problemas existentes forma parte de nuestras obligaciones políticas.
