Varapalo judicial para El Campello por el parking de Els Furs. El Tribunal Supremo ha tumbado el recurso presentado por el Ayuntamiento por la renuncia de la explotadora del parking de Els Furs, lo que aboca al Consistorio a iniciar la liquidación de un contrato por el que la empresa reclama 16,5 millones de euros a la Corporación, aunque la cantidad final a abonar está por valorar. De cualquier forma, el Ayuntamiento ha registrado un incidente de nulidad y, de no prosperar, irá al Constitucional antes de iniciar la liquidación, aunque por ahora ha perdido todas las batallas en los tribunales por este tema.
La Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo emitió el pasado 14 de febrero una providencia por la que no admite el recurso de casación del Ayuntamiento. De esta forma reafirma el fallo de Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) del pasado año, que ya ratificó que la renuncia unilateral de la empresa fue conforme a derecho, y ordenaba la devolución del aval de 554.000 euros, que ya se ha ejecutado, e iniciar la liquidación del contrato, medida que se había paralizado hasta que el Supremo se pronunciara.
De cualquier forma, ni el TSJ ni la sentencias anteriores entran a valorar las cantidades que se deben abonar ni responsabilidades, por lo que es muy probable que la liquidación final vuelva a acabar en los tribunales, ya que las pretensiones de ambas partes están muy alejadas. Y es que la mercantil, que invirtió 12 millones en el parking y en la reurbanización de la principal arteria comercial de la playa del Carrerlamar, la calle San Bartolomé, reclama 16,5 millones: 11,8 por la obra más 4,7 en concepto de intereses. Por su parte, el consistorio exige 9,5 millones por daños y perjuicios por su renuncia, y estima que a la empresa le corresponderían «solo» 8,4 millones de euros, por lo que Estacionaments Urbans de El Campello, en su momento perteneciente a Ecisa y ahora en proceso de liquidación, tendría que abonar aún un millón al Consistorio, que ahora lleva directamente la gestión del complejo.
La mercantil renunció el 31 de diciembre de 2012 a la explotación del complejo, de 503 plazas y levantado en 2008 en la playa del Carrerlamar para aliviar los graves problemas de aparcamiento que padece esta zona turística. El abandono unilateral lo justificó la mercantil y ha sido respaldado por tres sentencias por su inviabilidad económica debido a los bajos niveles de ocupación. Y después del fallo del TSJ de principios de 2018, la mercantil presentó un escrito reclamando la liquidación del contrato, por el que pide 16,5 millones, y la devolución del aval, aunque solo se ha accedido por ahora a reintegrar el aval.
El recurso ante el Alto Tribunal alegaba que el pronunciamiento del TSJ «es contrario a la doctrina del Supremo y el Tribunal de Justicia de la UE, que aplican el riesgo operacional, trasladando al concesionario todos los riesgos de la explotación. Y todo ello porque las ofertas que presentan los concesionarios que sirven de base para la adjudicación contienen, entre otros, estudios de demanda y económicos propuestos por él mismo, por lo que solo él debe asumir los riesgos de su contenido. El TSJ no se pronunció sobre la cuestión principal, que es el carácter culpable de la renuncia unilateral del concesionario», por lo que el Ayuntamiento recurrió en casación solicitando al Supremo que aplicara su propia doctrina y la de la UE». Pero finalmente el Alto Tribunal ha rechazado el recurso al considerar que no está debidamente justificado e incluso alerta de deficiencias en su formulación.
Incidente de nulidad
El alcalde Benjamí Soler (Compromís) anunció ayer que «ante la comunicación de inadmisión del recurso de casación del Supremo, el departamento jurídico municipal ha registrado ante el TSJ un 'incidente de nulidad de actuaciones', pues consideramos que la sentencia no entra a valorar a fondo la situación, ya que la misma libera al concesionario del riesgo operacional, algo totalmente injusto y contrario a la normativa europea. Con esta medida esperamos retomar la discusión desde el inicio. De no ser así, si no se admitiese a trámite, acudiremos al Constitucional por indefensión. Así y todo, me gustaría agradecer la dedicación y esfuerzo de los servicios jurídicos municipales. Llegados a este punto y echando la vista atrás, no puedo dejar de preguntarme qué hubiera ocurrido si el caso se hubiese llevado con personal propio desde el inicio, posiblemente no estaríamos así», recordando que fue el PP quien acordó externalizar este servicio.
