Nueve meses sin ejecutar una sentencia. El Ayuntamiento de Busot, gobernado con mayoría absoluta por el PP, tiene sobre la mesa desde el mes de junio del año 2018 una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, que le obliga a demoler parte de una vivienda para que se ajuste a la legalidad.
La casa se encuentra en la urbanización Hoya de los Patos y el dueño consiguió licencia de obra mayor para una vivienda y semisótano con garaje en el año 2010 por parte del Ayuntamiento, cuyo alcalde, Alejandro Morant, es vicepresidente de la Diputación.
Un vecino, Julio de Lucas, presentó una denuncia en el juzgado por presuntas infracciones a la normativa urbanística, consistentes en la vulneración de los retranqueos a los lindes establecidos y la superación de las alturas máximas de construcción. Según explica, la normativa dice que se puede construir hasta dos plantas, mientras que la casa tiene tres alturas.
Varias sentencias judiciales han ido dando la razón al demandante, tanto en el juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Alicante, como en el TSJ y, finalmente, en el Tribunal Supremo, quien ni siquiera admitió el recurso del Ayuntamiento.
Así, la sentencia del TSJ de junio de 2017, y que fue comunicada al Consistorio un año después, anula la licencia de obra mayor y falla que se proceda a la demolición y se ajuste a la legalidad la obra en lo referente a los retranqueos, el muro y las alturas máximas, además de condenarle en costas a 2.000 euros.
Un informe realizado por la arquitecta municipal en agosto de 2018 indica que se deben realizar una serie de acciones para que las obras se ajusten a la legalidad, entre las que cita la demolición de los pilares metálicos y parte de un muro, el enlucido y pintado del muro interior sobre el lado que recae en la parcela del demandante y el soterramiento de la entrada al semisótano.
Pues bien, pasado el tiempo, el Ayuntamiento continúa sin ejecutar la sentencia. De hecho, De Lucas se ha visto obligado a presentar hace unas semanas en el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo un recurso en el que suplica que requiera al Consistorio popular la ejecución forzosa de la sentencia.
«Solo queremos que se cumpla la sentencia, que el Ayuntamiento actúe, llevamos muchos años con este tema, si nos hubieran hecho caso desde el primer momento, no habríamos llegado a estas extremo», sostiene De Lucas.
El alcalde, por su parte, se defiende y asegura que no puede actuar porque el demandado se ha personado en el juzgado y sostiene, con un informe pericial, que el fallo es inejecutable. «¿Cuántas sentencias de este tipo hay en los ayuntamiento de la provincia? Yo cumplo las sentencias, pero el caso está ahora en sede judicial», afirma Morant.
