Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig, 10 de la mañana. En el salón de plenos, la vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, firma en el libro del honor del consistorio aprovechando la visita que hace al municipio para destacar la labor que realizan los equipos base y los profesionales del área de Servicio Sociales. A esa misma hora, en la segunda planta del edificio, este departamento estaba cerrado, sin atención al público. Hasta un par de horas después, la supuesta jornada de «puertas abiertas» promovida por la conselleria se convirtió en un día de «puertas cerradas» al suspenderse incluso las citas programadas en este área municipal.
En San Vicente, la campaña «La quarta pota», que pretendía acercar los servicios sociales municipales a los ciudadanos, tuvo hasta las 12.30 a un conserje municipal derivando el goteo constante de personas que acuden a este departamento a ser atendidos. Mientras, Mónica Oltra califica a San Vicente de «ejemplo», ya que «la inversión ha pasado de 154.640 euros en 2015 a los 556.500 euros de este año, lo que ha facilitado ampliar la plantilla de 6 a 21 trabajadores». Al dar la cifra de los componentes del equipo de Servicios Sociales, la sorpresa de los concejales que acudieron el acto institucional fue mayúscula, y no solo entre la oposición. Ediles del PSOE , que forman parte del gobierno, y de Sí Se Puede, que pertenecieron al cuatripartito, no salían de su asombro al oír que el departamento que dirige la edil Begoña Monllor (Compromís), había crecido un 250%.
Es más, a la salida del salón de plenos, la concejala del PP, Mari Ángeles Genovés le dijo en persona a la consellera que había aportado datos falsos sobre el personal de Servicios Sociales. «No es de recibo que la vicepresidenta de la Generalitat mienta con las cifras hasta el punto de afirmar que el Ayuntamiento de San Vicente ha pasado de 6 a 21 trabajadores en el área de Servicios Sociales, algo totalmente falso», dijo Genovés.
«Acto preelectoral»
En este sentido, los populares acusaron a Mónica Oltra de «organizar un acto preelectoral en San Vicente». El PP recordó ayer que en el año 2015 el equipo de Servicios Sociales y Dependencia estaba formado por 20 profesionales, entre trabajadores sociales, psicólogos, educadores, auxiliares administrativos y jefes de sección «y no por 6 como ha afirmado Mónica Oltra». A ellos se suman profesionales que llevaron a cabo programas de absentismo o conductas adictivas, entre otros.
Sin embargo, la vicepresidenta volvió a mantener «esta cifra de éxito» ante la prensa, a la hora de destacar a esta población de L'Alacantí donde vino a «dignificar a los profesionales que hacen posible los servicios sociales», así como a «incorporar 'nuevas lógicas' que los alejen de los antiguos sistemas de caridad, beneficencia y asistencia social».
Las críticas a la consellera no fueron solo por la cifra de componentes de la plantilla, sino por la ausencia de «puestos claves» en este área. Este es el caso de la asignación de un agente de Igualdad, un puesto que , en San Vicente, según el PP, «lleva vacante dos años después de que la Concejalía de Igualdad, en manos de Compromís, no haya pedido la subvención a la Conselleria para contratarla». Asimismo, los populares también criticaron a Compromís «por dar muchas lecciones en San Vicente en materia de Servicios Sociales e Igualdad, después de renunciar a la agente de Igualdad, recortar el servicio Viogén de la Policía Local para atender a víctimas de violencia de género, no renovar varios programas o suprimir la Escuela de Padres y Madres, entre otras medidas».
Reversión del Centro Maigmó
Después de reunirse con representantes del tejido asociativo, educativo y socio-sanitario de la ciudad, a la puerta del Centro Social esperaban a Mónica Oltra un grupo de familiares del Centro Ocupacional Maigmó, ubicado en San Vicente, al que acuden a diario 72 personas, tanto de esta localidad, como de Alicante o de otras poblaciones cercanas.
La Asociación de Padres y Familiares de Discapacitados del Centro Maigmó dejó la gestión del centro el verano pasado cuando una empresa privada se hizo cargo del servicio, y ahora quieren que la Conselleria revierta esta situación porque «los usuarios reciben peores atenciones y somos los padres los que tenemos que seguir pagando el coste de actividades extraordinarias, necesarias para ellos», afirmó la vicepresidenta del colectivo, María Mora.
Las familias criticaron a la Conselleria por destinar a la mercantil algo más de medio millón de euros por los cuatro primeros meses. Y ese contrato sigue prorrogado en la actualidad. Por eso aseguran que quieren recuperar la gestión de este servicio que han prestado durante 20 años. Al menos, ayer, Mónica Oltra sí les atendió. «Esperamos que valore nuestra petición», añadieron los afectados.La Ley de Educación Especial «hacina a nuestros hijos y los deja en la calle»
La jornada dedicada la «cuarta pata» del estado de bienestar también fue el escenario escogido por familiares de alumnos de educación especial, que se manifestaron ante la consellera Mónica Oltra, a la que reclamaron que intervenga antes de que sus hijos se «queden en la calle al no poder ser escolarizados a partir de cierta edad en un centro de día». En concreto, un grupo de padres criticaron la Ley Educativa de Educación Especial por ser similar al «hacinamiento humano», al ampliar la ratio de alumnos por aulas (hasta 10 alumnos en algunos casos de discapacidad) y rebajar la edad máxima de escolarización (de 21 a 19 años).
Financiación del equipo base
La Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, dirigida por Mónica Oltra, ha indicado hoy que el nuevo modelo de servicios sociales "ha triplicado la inversión en los servicios sociales municipales de Sant Vicent del Raspeig, en concreto para la financiación del equipo base, que es aquel que actúa como puerta de entrada para las personas usuarias y les atienda en cuestiones como la tramitación de las ayudas de dependencia o de la renta valenciana de inclusión".
En concreto, aseguran fuentes del Consell, el presupuesto ha pasado de los 154.640 euros que percibía en 2015 a los 556.500 euros que tiene asignados en el presupuesto de 2019, con los que se puede financiar la contratación de 21 profesionales únicamente para los equipos base de servicios sociales, frente a los 6 que se financiaban en la legislatura anterior.
Este incremento en la inversión es "un reflejo de la apuesta de la Conselleria por la remunicipalización de los servicios sociales con un incremento presupuestario desde 2015, y que ha permitido a aquellos ayuntamientos que no contaban con presupuesto reforzar sus plantillas, y a aquellos que ya habían hecho este esfuerzo poder dejar de asumir este coste y destinar estos fondos al desarrollo de otros programas sociales", comentan las mismas fuentes.
Estos fondos van destinados directamente a los equipos sociales base, que son aquellos que funcionan como la puerta de entrada en la atención de la ciudadanía, ya que los servicios especializados, como los servicios de atención a la infancia o la red de agentes de igualdad, o la puesta en marcha de programas específicos se financian a través de otras líneas de la Conselleria.
Los presupuestos de la Generalitat para 2019 recogen un incremento presupuestario de 5,2 millones de euros destinado a seguir incrementado la inversión en los ayuntamientos de más de 50.000 habitantes, para la contratación de perfiles específicos para la aplicación de la renta valenciana de inclusión, que entró en vigor durante el año pasado y que en el caso de Sant Vicent del Raspeig permite, añaden fuentes de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas.
