La Casa Geralda llega hasta la Audiencia Provincial. La asociación Círculo por la Defensa y Difusión del Patrimonio Cultural, con sede en València, ha recurrido ante la Audiencia de Alicante el derribo de este inmueble del siglo XIX que prevé acometer el Consistorio de Xixona desde 2017 para construir en la zona dos pistas de pádel. El colectivo recurre de esta forma el archivo decretado por un juzgado de San Vicente del Raspeig, ante el que había denunciado el año pasado la posible comisión de un delito sobre el patrimonio y otro de prevaricación administrativa por parte de la alcaldesa, Isabel López, y el arquitecto municipal, por el proyecto para derribar esta mansión señorial, que por otra parte presenta un avanzado estado de deterioro.
Desde la asociación cultural explicaron a este medio que la resolución judicial no es firme, ya que ha sido recurrida en tiempo y forma ante la Audiencia, que tiene que pronunciarse al respecto «ante la inoperatividad y el carpetazo de las diligencias, en las cuales al día de hoy no han sido ni emplazados a declarar los denunciados».
El colectivo destaca que el fiscal pidió sin éxito declarar esta causa compleja para ampliar el plazo de seis meses de instrucción, «al objeto de practicar todas cuantas diligencias al objeto de esclarecer los hechos, y al día de hoy no nos consta que el Juzgado haya practicado diligencia alguna al objeto de aclarar tales hechos denunciados, por lo que se ha procedido a recurrir para que la Audiencia Provincial proceda a su pronunciamiento». Y destaca que además «hemos pedido la nulidad de actuaciones, puesto que solo se notificó a nuestra abogada el archivo, y lo anterior era el informe del fiscal, y no nos consta que se haya practicado nada».
Responsabilidades
Por ello, pese a que el Consistorio ha reactivado la licitación de la demolición que mantenía paralizada por propia voluntad hasta que el juzgado se pronunciara, este colectivo advierte que este proceso judicial no ha terminado por lo que no libera a la Corporación de las «posibles irregularidades y responsabilidades que pueda acarrear» el derribo.
Desde el Ayuntamiento su alcaldesa, Isabel López (PSOE), explicó que aún no tienen conocimiento de este recurso, lamentando que se siga alargando este tema y se dificulte demoler un inmueble que está en ruinas y representa un peligro, para desarrollar de esta nueva infraestructura deportiva. Y todo pese a que los informes de la Conselleria de Cultura y del Síndic de Greuges dan vía libre al derribo y el juzgado de San Vicente había archivado el caso.
La primera edil recordó que hasta ahora el Consistorio ha mantenido paralizada la demolición por voluntad propia, hasta que la Conselleria y el juzgado se pronunciaran, pero no pudo adelantar si seguirán adelante con el derribo o esperarán a que la Audiencia se manifieste al respecto, ya que ni siquiera tiene constancia de tal recurso.
El archivo de las diligencias está fechado el 13 de diciembre y sigue la línea mantenida por la Fiscalía Provincial, que un mes antes informó a la juez que «estima que los hechos carecen de trascendencia penal», por lo que proponía el sobreseimiento y archivo, atendiendo a las resoluciones de la Conselleria de Cultura y el Síndic de Greuges, y los informes periciales de los arquitectos contratados por el Consistorio para responder al Síndic.
Sin protección
El fiscal recordaba que «el inmueble no ha sido objeto de ningún tipo de catalogación que le otorgue una protección singular, que la misma es competencia municipal, que desde la Generalitat no se han contemplado motivos para suplir la falta de iniciativa municipal, que objetivamente los valores arquitectónicos del inmueble son limitados y no justificarían la catalogación, y que su descontextualización y estado de conservación no hacen viable su preservación, unido a la publicidad en la tramitación del expediente seguido para la contratación del proyecto de obra de construcción de las pistas deportivas de pádel y derribo del inmueble», no estima que los hechos tengan una trascendencia penal e insta a su archivo.
En cambio desde la asociación se apoyan en un estudio de la Universitat de València (UV) que destaca que «el edificio reúne una serie de valores que lo hacen merecedor de un grado de protecciónen todo su conjunto que evite su demolición prevista», señalando su valor histórico y social como un exponente de las segundas residencias burguesas.
