La Confederación Hidrográfica del Júcar ha tramitado en los últimos tres años 50 expedientes sancionadores por ejecutar pozos y extraer aguas subterráneas sin autorización por parte del organismo, esto es, de manera irregular. Cada infracción conlleva una sanción de 3.000 euros a los responsables de la perforación que aborda toda la demarcación del Júcar. Por otra parte, se abrieron siete expedientes en cuatro años, entre 2015 y 2018, por parte de la Confederación Hidrográfica del Segura, el organismo responsable de las prospecciones acuíferas en la provincia.
En comparación, desde la CHS explican que los datos son tan bajos porque los acuíferos en la zona de la cuenca del Segura a su paso por Alicante «tienen las aguas salinizadas o hay que extraerla a mucha profundidad». En algunos casos, en la provincia las perforaciones alcanzan los 500 metros frente a los 100 o 200 necesarios para hallar agua en la provincia de València.
Según explicaron desde la Confederación Hidrográfica del Júcar, cuando un pozo es declarado ilegal se ordena «el sellado inmediato» de la perforación para evitar situaciones como el dramático accidente de Julen en Totalán, que cayó por una prospección realizada de forma irregular y además no cerrada correctamente.
Los datos que maneja la Confederación del Júcar es que hay un total de 24.500 pozos inscritos que cumplen con la normativa vigente, es decir, equipados «con bombas y tuberías para la extracción de aguas». Señalan que «en principio, no deben suponer ningún problema para terceros» porque en la mayor parte de los casos estos pozos se encuentran dentro de casetas o restringidos con vallas para impedir el acceso a cualquier persona.
Ley de Aguas
Los 57 pozos expedientados no cumplen con los parámetros recogidos en la Ley de Aguas. Constituye una infracción administrativa la apertura de pozos y la instalación de instrumentos para extraer aguas subterráneas «sin disponer previamente de concesión o autorización del Organismo» porque son las confederaciones quienes conceden los permisos para hacer estas obras, que depende del Ministerio de Medio Ambiente.
El suceso en Málaga hace preguntarse cuántas prospecciones acuíferas existen en la Comunidad Valenciana y sobre todo aquellas que se han realizado de manera irregular sin cumplir la normativa de seguridad. Según apuntan las fuentes consultadas, conocer la totalidad de ellas es difícil porque el registro lo realizan los distintos organismos de aguas de las cuencas de los ríos que discurren por cada territorio.
Fuentes de la Confederación Hidrográfica del Segura señalaron que incluso si las prospecciones son ilegales se hacen de manera profesional y en buena parte de las ocasiones están ocultas dentro de casas para evitar ser descubiertas.
Son los servicios de inspección y vigilancia del Dominio Público Hidráulico los que detectan la existencia de un pozo sin autorización. Tras las comprobaciones pertinentes, se abren diligencias para instar a la legalización del pozo por parte de los propietarios si es posible y, de no serlo, se inicia el expediente sancionador, con las denuncias de 3.000 euros al responsable.
A la vigilancia de los operarios también se suma la del Seprona, la Guardia Civil o un particular que se lo hacen saber a la institución para proceder a la comprobación. De hecho, la Guardia Civil cifró en un centenar los pozos irregulares que sus agentes han encontrado.
Seguridad
Desde la Confederación Hidrográfica del Segura se recuerda que un pozo ilegal abandonado y sin uso, la mayor parte de las veces no tiene la imagen de un pozo tradicional, porque todos los pozos agrícolas, legales o no, se explotan a través de bombeos que ocupan toda la boca del aforo. En cualquier caso, desde la CHS recuerdan que las cuestiones de seguridad dependen de los ayuntamientos y de la Comunidad. «Nuestra sabor es proteger el Dominio Público Hidráulico», señalan.
