La Generalitat Valenciana todavía no ha devuelto ni un euro al Ayuntamiento de Sant Joan del aval superior al millón de euros presentado para formalizar la compra de la residencia Tiempo Libre, donde se iba instalar la fallida sede en Sant Joan de la Universidad Católica de Murcia (UCAM). Después de varios años de negociaciones, toda vez que el Ayuntamiento renunció a la compra venta del inmueble de la Generalitat, y de anunciar que las arcas municipales recuperan este dinero, ese dinero todavía no se ha ingresado por el consistorio. De este modo, ni se ha reducido la deuda municipal por este concepto ni se evita que cada trimestre se sigan pagando a una entidad bancaria 3.500 euros en intereses por no cancelar el aval.
A la vista de que la Generalitat no ha pagado el polémico aval que, la Concejalía de Hacienda ya ha iniciado los trámites para solicitar la devolución del aval mediante requerimiento notarial. La propuesta del interventor municipal de obrar de esta manera dada la demora con la que se está tramitando el tema, ha sido apoyada por completo por el edil de Hacienda, Santiago Román. El edil de Decido asegura que «el motivo por el cual vamos a mandar un requerimiento notarial a la Conselleria es porque tiene que cumplir ya con su compromiso y obligación de devolver de una vez el aval de 1.200.000 euros para que el Ayuntamiento quede liberado de pagar los 14.000 euros anuales que nos está costando su mantenimiento», explica Román.
El largo proceso a tres bandas de la compra de la residencia Tiempo Libre comenzó en febrero de 2013, con la escritura de compra venta por 4.537.345 euros y la constitución de aval por 1.134.336 euros. En julio de 2014, el Ayuntamiento pidió el aplazamiento del pago por 10 años, propuesta que no aceptó la Conselleria, al igual que tampoco dio el visto bueno a la solicitud de subrogación que el pleno de la corporación municipal realizó en marzo de 2015 para que fuese la propia UCAM quien pagara el importe de la compra venta del inmueble.
Al negarse la Generalitat a aceptar la subrogación en el pago, el Ayuntamiento desistió de la compra venta en marzo de 21015 mediante acuerdo plenario (antes de las últimas elecciones municipales). Y no fue hasta agosto de 2017 cuando la Dirección General de Patrimonio dio audiencia para presentar alegaciones por los 102.000 euros en concepto de depreciación del inmueble, que la Generalitat no estaba dispuesta a devolver. Sin embargo, el Ayuntamiento no presenta alegaciones y las gestiones no se retomaron hasta diciembre de 2017, cuando Intervención se interesó por cómo proceder al pago de los 102.000 euros y a la devolución del aval. El julio de 2018, la Conselleria emite una resolución donde anuncia que va a devolver el resto del aval, pero hasta la fecha «ni devolución ni nada de nada. Solo una declaración de intenciones», asegura Santiago Román.
