Carpetazo definitivo a la denuncia interpuesta contra los trece concejales que en enero de 2015 votaron en un pleno del Ayuntamiento de Sant Joan el cierre cautelar del crematorio construido en esta localidad. La Sección Primera de la Audiencia de Provincial de Alicante ha desestimado el recurso de apelación presentado por la empresa ASV Funeser S.L., en contra del auto del juzgado de instrucción número 8 de Alicante, que acordó en mayo de 2018 el sobreseimiento provisional y archivo de la denuncia contra el exalcalde, Manuel Aracil y los ediles del gobierno (PP) y la oposición (Compromís y EU) que votaron a favor del cierre de la instalación funeraria. Y esta vez, la resolución de la Audiencia es definitiva, por lo que «contra la misma no cabe recurso alguno».
De este modo concluye el recorrido de una querella presentada por la mercantil ASV, donde pedía que se determinase si los miembros de la corporación habían incurrido en prevaricación al adoptar el cierre de la instalación, a sabiendas de que esta decisión era injusta. Por tres veces, el juzgado rechazó la demanda de la empresa, que recurrió otras tres veces. La resolución también declara de oficio las costas de la apelación.
El auto de la Audiencia Provincial, al que ha tenido acceso este diario, entra al detalle de los expedientes admirativos abiertos en relación al crematorio, tanto por parte del Ayuntamiento de Sant Joan como por la Conselleria de Medio Ambiente. Tras un analizar ambos procesos, la Audiencia concluye que el Ayuntamiento «es competente para acordar la medida de suspensión cautelar de la actividad», más si cabe si su acuerdo plenario se adoptó en base a «un informe sanitario negativo» emitido por la Sección de Sanidad Ambiental de la Dirección General de Salud Pública.
De este modo, el auto señala que el acuerdo que adoptaron 13 componentes de la corporación que votaron a favor del cierre del crematorio (los ediles del PSOE se ausentaron del salón de plenos y no votaron) «no es ilegal, injusto y arbitrario desde el punto de vista penal».
El alcalde y doce concejales
Estos trece concejales son el exalcalde del PP, Manuel Aracil, los ocho concejales populares que votaron en el pleno en enero de 2015 (Víctor García, Charo Tomás, Carmen Navarro, Almudena Rico, Modesto Baeza, Arantxa Maldonado, Carolina Sala, David Aracil), el actual portavoz de Decido, Santiago Román (entonces edil de Urbanismo, en las filas del PP), los dos concejales de Compromís (Albert Caturla y Xavier Sala), más un concejal de Esquerra Unida (Juan Ramón Martín). Ayer, por esperada que fuera la noticia, esta no dejó de alegrar a los afectados, sobre todo al saber que el auto ya no es recurrible.
Manuel Aracil manifestó ayer su satisfacción «al saber que se cierra un capítulo que ha alargado un juicio donde sabíamos que teníamos la tranquilidad total. Además, es muy positivo para el Ayuntamiento porque la prevaricación de la que nos acusaron, sabíamos desde el principio que no existía».
En la misma línea se expresó Santiago Román, para el que «la resolución es doblemente importante, no solo por su deliberación, sino porque además ha sido fallada por la Audiencia, organismo que mandó en su momento reabrir el archivo de la causa».
Por su parte el edil de EU, Juan Ramón Martín también manifestó que estaba «tranquilo porque siempre actuamos de buena fe con los informes favorables que teníamos». Martín, que siempre estuvo en contra de la «denuncia por prevaricación», está valorando si ahora es él quien denuncia a la empresa «por daños».
Por último, fuentes de la formación de Compromís se alegraron ayer que este fuera «el archivo definitivo después de recurrir por tres ocasiones la empresa», cuando el Ayuntamiento actuó «con informes a favor, tomando la decisión más lógica», sin hacer caso a «la presión de la empresa, que trató de amedrentar a concejales que defendían los intereses de Sant Joan».
