Los Reyes Magos recorrerán esta tarde San Vicente acompañados por un refuerzo de 20 agentes de la Policía Local, que acatarán el decreto firmado por el alcalde, Jesús Villar. Sin embargo, esta orden emitida desde Alcaldía, que afecta tanto al desfile del Cartero Real de ayer como a la Cabalgata que se celebra esta tarde, ya ha llegado a los tribunales puesto que el sindicato SPPLB ha presentado un recurso contencioso administrativo contra el primer edil de San Vicente y contra el comisario jefe de la Policía Local.
El motivo por el que el sindicato ha decidido acudir a la Justicia es que el alcalde «ha obligado a los agentes a trabajar en su jornada de descanso», por lo que lo solicitan de manera urgente la paralización de los decretos del alcalde.
A mediados del mes de diciembre, después de los plantes de la Policía Local en la procesión de San Vicente el 8 de diciembre, el alcalde firmó un decreto para garantizar la presencia de agentes tanto en una carrera ciclista (23 de diciembre), como en Nochebuena, en la San Silvestre (29 de diciembre) y en Nochevieja. Estos servicios se cubrieron y esta semana, de cara a los actos de los Reyes Magos, el SPPLB asegura que Jesús Villar «está obligando a más de una treintena de funcionarios policiales a trabajar en su tiempo de descanso, una vez ya han cumplido su jornada laboral».
Perjuicios familiares
Según afirma el delegado sindical del SPPLB , Víctor Contreras, el hecho de estar obligado a trabajar en fiestas «ha provocado que muchos agentes hayan tenido que modificar sus desplazamientos familiares en tan señaladas fiestas, incluso anulando sus vacaciones y viajes programados, hecho que les han ocasionado gastos de cancelación». Para el sindicato, «el alcalde, asesorado por el comisario jefe, ha obligado a suspender los descansos a gran parte de la plantilla policial para cubrir eventos deportivos desarrollados por empresas privadas en la localidad, sin tener la más mínima consideración con los hijos y familiares directos de estos trabajadores, que se han visto perjudicados por estos decretos».
Por otro lado, el SPPLB adelanta que una vez se pronuncie el juzgado de lo contencioso administrativo «esta sección sindical estudiará la posibilidad de denunciar vía penal a los dos artífices de esta presunta ilegalidad, por una presunta prevaricación o coacciones, sobre los funcionarios policiales, al no tratarse de ninguna emergencia, fuerza mayor o catástrofe, el hecho de ordenar este tipo de medidas, que nos recuerdan a los tiempos pretéritos».
Además, los agentes «velarán por la seguridad de todos los niños y familias sin conocer cuando se cobrarán los servicios extraordinarios», añaden.
