Pleno clave el de hoy (12.00 horas) para la piscina cubierta. El cuatripartito necesita al menos dos votos afirmativos de la oposición para aprobar la exclusión de tres de las cuatro ofertas para hacerse cargo de la gestión de la piscina cubierta y pasar a formalizar el contrato. Y no los tiene garantizados.
Tanto PP como Cs no quisieron ayer adelantar el sentido de su votos, dejando claras sus dudas sobre la viabilidad de la propuesta del Ayuntamiento y el riesgo de que esa decisión acabe bloqueando la apertura del complejo, ante la posibilidad de que acabe en los tribunales por las reclamaciones de las empresas excluidas.
El alcalde Benjamí Soler (Compromís) ha convocado para hoy un «superpleno» extraordinario cargado de temas, entre los que destaca la elección de la empresa Arena Alicante como ganadora del concurso para la gestión del complejo deportivo y solicitar que aporte la documentación y demás requisitos para formalizar el contrato, para cuya adjudicación final se tendrá que convocar una última sesión. Pero desde el PP su portavoz Juanjo Berenguer advirtió que el hecho de excluir a tres de las empresas genera serias dudas sobre si es correcto este camino, ya que recuerda que pese a que hay informes que lo respaldan se trata de un tema tan técnico que temen que acabe en los tribunales y bloquee la apertura del complejo, que ha costado cinco millones. Y recordó que ya manifestó sus dudas sobre el pliego de condiciones elaborado por el equipo de gobierno.
Según los informes, estas tres empresas incumplen con el pliego en lo que respecta a las bicicletas estáticas que deben instalar en el complejo, ya que el volante de inercia no llega hasta los 18 kilogramos que se exige, y dos de ellas incumplen otros requisitos.
El portavoz de Cs, Julio Oca, mostró ayer también sus dudas al respecto y señaló que por la tarde abordarían el tema. En el último pleno tanto PP como Cs prestaron dos de sus votos para que pudiera seguir adelante el proceso.
Por su parte, EU en este tema siempre ha mantenido un voto negativo, ya que insiste en que las instalaciones deben ser gestionadas por el propio Ayuntamiento.
