El Pleno del Consell Jurídic Consultiu de la Comunidad Valenciana celebrado el pasado 26 de septiembre, ha emitido por unanimidad un dictamen que da la razón al Ayuntamiento de Sant Joan ante la petición de resolución por impagos del contrato de explotación de vallas publicitarias y marquesinas que hasta la fecha recaía en la empresa CEPEX.
Esta mercantil adeuda al Ayuntamiento 341.579 euros, cantidad que hay que sumar a los 591.496 euros correspondientes a cánones y gastos generados por ejecuciones subsidiarias que SUMA no ha cobrado, cantidad generada entre 2011 y 2015, durante el anterior mandato. Ahora el departamento de contratación estudia la posibilidad de explotar este servicio de manera directa a través de la empresa municipal Personas y Ciudad (Pycsa).
