Desde EU, cuya denuncia ha provocado esta investigación, explicaron ayer que «todo grupo municipal tiene la obligación de velar por el cumplimiento de la Ley y los fondos públicos. Ante el informe alertando de irregularidades y las declaraciones del alcalde informando que no solicitaría el reintegro, EU se vio obligada a tomar medidas».
Su portavoz Pedro Mario Pardo recordó que la primera medida que pidieron fue «la elaboración de un informe para conocer desde cuándo se vienen concediendo estas subvenciones irregulares y estudiar posibles soluciones. Ante la ausencia de respuesta o iniciativa por parte del gobierno municipal para la resolución del problema, EU se ha visto obligada a informar a la Fiscalía para no incurrir en un delito que atañe al mal uso del dinero de la ciudadanía». Pardo lamentó que «lejos de afrontar la problemática, el cuatripartito acusa a EU de 'querer acabar con la fiesta', frase ya manida de tanto usarla el PP cuando gobernaba ante su falta de argumentos».
