La empresa que realiza las obras del Auditorio del Centro Social de San Vicente del Raspeig se enfrenta a una penalización de 12.500 días por los retrasos que acumulan los trabajos que tenía un plazo de tres meses y debían haber culminado el pasado 2 de abril. Lejos de terminar, la obra sigue en marcha y ya lleva más de dos meses de demora. El consistorio calcula la penalización en razón de 25 días hábiles hasta el 6 de junio; pero la obra sigue en marcha y sin acabar.

El contrato de obras consiste en la adaptación a la normativa de incendios, reglamento de baja tensión y renovación de instalaciones de climatización del Auditorio y tiene un presupuesto de 279.630. La obra ya acumula un retraso previo puesto que el concurso quedó desierto al descartarse a la única empresa presentada por no reunir «los requisitos de solvencia». La empresa alegó y finalmente se convirtió en la adjudicataria. Para evitar retrasos y que la mercantil pudiera hacer el acopio de material y la previsión de suministros se decidió comenzar a principios de año para evitar retrasos, algo que finalmente no ha resultado así.

Este retraso ha ido afectando a la programación cultural y festiva que desde septiembre estaba prevista y ha llegado a su punto álgido entre mayo y junio con las presentaciones de hogueras que tuvieron que desviarse a otros recintos.

Ayer mismo la concejala de Urbanismo, Mariló Jordá, reconocía que la empresa todavía no ha instalado el ascensor que se incorpora como una de las novedades al edificio, que de esta forma es accesible para personas con movilidad reducida. Y a su vez, lamentaba la mala previsión de la mercantil para contar con los suministros, como los paneles ignífugos o el propio elevador.

El curso de la administración sigue adelante y una de las cláusulas de este contrato contemplaba sanciones importantes en el caso de que la mercantil se retrasase en la entrega y fijaba en una sanción de 500 euros por día en el que la obra no haya acabado. Lo que finalmente ha pasado.

Y es ahora cuando a través de un decreto de la Alcaldía se lleva a pleno conceder audiencia a la empresa Movilfrío «para que manifiesten lo que a su derecho convenga respecto de la imposición al contratista de penalidades por importe de 12.500 euros por el incumplimiento del plazo de ejecución contractual», según expresa el decreto firmado por el alcalde, Jesús Villar.