Los vecinos del barrio de Santa Isabel de San Vicente del Raspeig han recurrido a la Generalitat Valenciana por el temor de que «ocurra una desgracia» en el bloque 67 de la barriada. El edificio está rodeado de vallas desde febrero de 2017 por el riesgo de desprendimientos y de hecho, la concejalía de Urbanismo ha pedido a los vecinos que no acumulen enseres en los balcones por el peligro de colapso.
Tres miembros de la Asociación de Vecinos Zoila Romero Checa se entrevistaron el jueves con el subdirector general de Infraestructuras, Miguel Montañar, para exponerle la mala situación en la que se encuentra y exigirle que tome medidas urgentes.
El inmueble tiene tres porterías, A, B y C, y es el que está en peores condiciones de los que quedan aún por rehabilitar en Santa Isabel, y en peor situación que los que se acaban de remodelar, el 24 y el 25; sin embargo, no está incluido en las previsiones del plan de rehabilitación Arrus del convenio tripartito entre el gobierno central, el autonómico y el Ayuntamiento de San Vicente.
Los vecinos le pidieron al subdirector general de Infraestructuras que «haga todo lo posible para que en la mayor breveda se firme por parte de la Generalitat, el Ayuntamiento el convenio de gestión que facilite cuanto antes la rehabilitación pendiente del bloque 21» a la vez exigen que «dado el grave estado en el que se encuentra y el peligro que supone para la integridad de sus habitantes, dar prioridad al bloque 67».
No incluido en el convenio
El detonante de la situación ha sido la notificación que hacía Urbanismo a los propietarios exigiendo que encarguen un informe del estado de las viviendas. La concejala, Mariló Jordá, señala que se trata de un edificio privado y que el estudio lo deben de asumir los residentes puesto que no hay convenio para su rehabilitación. Sin embargo, el presidente de la asociación de vecinos, José Narejos, advierte de la dificultad de que los vecinos asuman cualquier coste por la precariedad económica de muchos de ellos, e incluso la situación de riesgo de exclusión social de otros.
«Los vecinos no tienen medios e imagino que el informe lo hará el ayuntamiento de oficio», explica el presidente vecinal. Narejos explica que han llevado a la Generalitat informes técnicos de evaluación de arquitectura municipal «que indica que el edificio está en condiciones reamente lamentables y existe un riesgo para las personas que lo habitan» y advierte «no sabemos si va a aguantar mucho». Y añade que «hemos pedido que le den prioridad por una cuestión de solidaridad».
