La justicia ha dado un nuevo paso a favor de mantener el cierre del crematorio de Sant Joan d'Alacant. El juzgado de instrucción número 8 de Alicante ha acordado el sobreseimiento provisional y archivo de la denuncia interpuesta contra los trece concejales que en enero de 2015 votaron el cierre cautelar del crematorio de Sant Joan d'Alacant, al no resultar justificada «la perpetración de hecho punible a que se refiere la querella, no siendo constitutivo de ilícito penal invocado». En cualquier caso, el auto es todavía recurrible ante la Audiencia Provincial.

La querella presentada por la mercantil ASV solicitaba que se determinase si los miembros de la corporación habían incurrido en prevaricación al adoptar el cierre de la instalación, a sabiendas de que esta decisión era injusta. Y por tercera vez, el juzgado rechaza la demanda de la empresa. Entre finales febrero y principios de marzo de este año, los doce ediles, de cuatro formaciones políticas distintas, acudieron al Palacio de Justicia de Alicante a prestar declaración. Sus testimonios se ampararon en los informes técnicos que avalaban su decisión, y según se desprende de las manifestaciones que realizaron ayer, son las mismas valoraciones de los técnicos los que les han eximido de responsabilidad penal.

De este modo, el exalcalde del PP, Manuel Aracil, los siete concejales populares que votaron en el pleno en enero de 2015 (Víctor García, Charo Tomás, Carmen Navarro, Almudena Rico, Modesto Baeza, Arantxa Maldonado, Carolina Sala, David Aracil), el entonces edil de Urbanismo, en las filas del PP, Santiago Román (en la actualidad portavoz de Decido), los dos concejales de Compromís (Albert Caturla y Xavier Sala), más un concejal de Esquerra Unida (Juan Ramón Martín) respiraron ayer tranquilos, aunque a nadie sorprendió el auto judicial.

Manuel Aracil aseguró que «todo indicaba que se iba a archivar el tema. Han primado los informes técnicos». En la misma línea se expresó Santiago Román, para el que el auto «era previsible cuando una cosa se hace bien». Albert Caturla indicó que «se actuó en base a informes y con total conocimiento de causa», y el edil de EU, Juan Ramón Martín también manifestó su confianza en que la empresa «no vuelva a recurrir por lo mismo, porque ya se lo han tumbado tres veces».

Por su parte, el alcalde Jaime Albero comentó su «satisfacción y prudencia» hasta que «la sentencia no sea firme.

Fuentes de la empresa ASV aseguraron ayer a este diario que no han decidido todavía si recurrirá el auto, que ya están estudiando sus servicios jurídicos. Para recurrir tienen tres días de plazo.