El Consistorio tendrá que devolver la fianza a la firma que renunció al parking

Los magistrados ratifican la sentencia en primera instancia de un juzgado de Alicante de 2015 y una segunda del propio TSJ de 2017, que consideran que la renuncia unilateral de Estacionaments Urbans de El Campello, perteneciente a Ecisa, fue ajustada a derecho, aunque no entra a valorar las responsabilidades derivadas de tal acto ni indemnizaciones. Así mismo, insta al Consistorio a iniciar la liquidación del contrato, por el que la mercantil reclamaba 15 millones. Al mismo tiempo, el Ayuntamiento exige por daños y perjuicios cerca de 10 millones de euros, aunque el TSJ no ha entrado en estas valoraciones, que aún tienen que dirimirse.

El último fallo está fechado el 7 de marzo de 2018, por el que se rechazan las alegaciones del Consistorio a la sentencia de 2017 del TSJ, que ya ratificaba la dictada en primera instancia. De cualquier forma, la Corporación no va a devolver la fianza ni va a iniciar la liquidación hasta que el fallo sea firme, ya que la pasada semana formalizó ante el Supremo un recurso de casación.

El TSJ da la razón a la empresa en el contencioso que presentó contra la decisión del pleno municipal del 8 de noviembre de 2013 por el que se resolvía el contrato de concesión de obra pública para la construcción del parking subterráneo de 503 plazas y su posterior explotación, y la reurbanización de la calle San Bartolomé, principal arteria comercial de la playa del Carrerlamar, por causa imputable al concesionario. Aquella resolución, propuesta por el equipo de gobierno de PP y Decido, respaldada por PSOE y EU y en la que se abstuvieron Bloc e Iniciativa, incluía la incautación de la garantía, aunque reconocía que habría que compensar a la empresa con parte de los 12 millones invertidos.

La mercantil recurrió esta medida, siendo respaldada hasta ahora por tres sentencias, aunque ninguna ha entrado en el fondo del asunto, es decir los argumentos dados por la empresa, que alegaba falta de viabilidad económica, pero admite que la firma tenía derecho a rescindir unilateralmente el contrato con base en ello. Los jueces admiten que la mercantil ejerció su derecho a rescindir el contrato, rechazando la justificación que alegó el Consistorio para finalmente romper el contrato, que basó en el «abandono e incumplimiento de las obligaciones esenciales», ya que no ve ningún incumplimiento sino una renuncia unilateral a la que tiene derecho.

En su día el Ayuntamiento cifró en 8,4 millones el dinero que debía abonar a la firma por las inversiones realizadas, pero como estimaba los daños sufridos por la Corporación por esta renuncia unilateral en 9,5 millones, la empresa aún debía pagar cerca de un millón de euros. En cambio, la mercantil reclama 15 millones, aunque estas indemnizaciones cruzadas no se dirimirán hasta que la sentencia sea firme y el Consistorio lleve a cabo la liquidación del contrato, que es posible que también acabe en el juzgado.

Este parking se abrió en 2008 y costó 12 millones, incluyendo la reurbanización de la calle San Bartolomé, un proyecto impulsado por el PP. En 2012 la empresa reclamó 3,5 millones para equilibrar las pérdidas que estaba sufriendo por la baja afluencia de vehículos, rechazándolo el Consistorio, lo que llevó a la mercantil a renunciar a las instalaciones el 31 de diciembre de 2012 pese a que la concesión sera por 40 años. Posteriormente, el Consistorio asumió la gestión del complejo, que está abierto con precios muy por debajo de los que ofertaba la anterior explotadora.