18 de mayo de 2018
18.05.2018
Tras quedar desierto el concurso

El Campello descarta volver a sacar a licitación la grúa municipal tras quedar desierto el concurso

El Ayuntamiento mantendrá el pago por arrastre puntual que funciona desde 2015, aunque se pasará a operar con un contrato en condiciones en lugar de «a dedo» como hasta ahora

17.05.2018 | 21:24
El Campello descarta volver a sacar a licitación la grúa municipal tras quedar desierto el concurso

El Campello descarta volver a contar con un servicio permanente de grúa municipal como el que disponía hasta 2015. El equipo de gobierno formado por Compromís, PSOE, Partido del Campello y el edil no adscrito David Alavés no va a volver a sacar a licitación este servicio, tras quedar el mes pasado desierto el concurso.

Por ello, el Consistorio opta por seguir como los últimos tres años, llamando a una empresa que cobra por cada arrastre puntual, aunque lo que se va a hacer es sacar a licitación este contrato en condiciones, ya que actualmente se adjudica a dedo. De esta forma se espera mejorar el servicio y acabar con los arrastres a precio de oro que se registran en ocasiones cuando la empresa habitual no puede y coincide que es festivo u horario nocturno, lo que supone el pago de 235,95 euros por arrastre, el doble de lo que cuesta la multa a abonar.

El alcalde, Benjamí Soler, explicó ayer que tras quedar desierto el concurso, han descartado volver a sacar a licitación el servicio modificando las condiciones, y que van a optar por seguir con los arrastres puntuales. Lo que sí aclaró es que para acabar con la actual precariedad del servicio y mejorarlo, se va a formalizar un contrato sacándolo a licitación por unos 35.000 euros anuales, en un principio por un año prorrogable por otro más, aunque aún está por cerrar el pliego de condiciones. Con este plazo tan reducido se deja abierta la puerta a buscar una solución a la problemática actual que sufre la Policía Local, que ha tenido que reducir de forma significativa los controles de alcoholemia al carecer de grúa presencial.

Este servicio funciona desde 2015 con contratos menores, avisando el Consistorio a varias empresas de arrastres puntuales, y pagando por cada enganche, lo que según los sindicatos impide a la Policía Local ofrecer un servicio adecuado y realizar labores como controles de alcoholemia. Por ello, las secciones sindicales del SPPL, UGT y CC OO de la Policía insistieron el mes pasado al equipo de gobierno que municipalice el servicio, como así recogía el pacto de gobierno que llevó a Benjamí Soler a la Alcaldía en 2015, y como ha venido pidiendo EU.

Reparos

El Ayuntamiento abrió el pasado febrero el concurso de adjudicación del nuevo servicio, tres años después de expirar el contrato, por un precio de 72.000 euros anuales, por cuatro años prorrogables a dos años más, con el objetivo de que la nueva empresa estuviera operativa en verano, pero no será así. Nadie se ha interesado por un servicio que desde Intervención han alertado de sus irregularidades en su actual formato por contratos menores. Y además en ocasiones el arrastre es carísimo para el Consistorio, ya que se registran algunos abonos de 235,95 euros por servicio en festivos u horario nocturno, cuando la empresa habitual no puede dar el servicio y hay que llamar a otra.

Desde los sindicatos manifestaron tras quedar desierto el concurso su malestar por este fracaso, ya que recuerdan que «hasta principios de 2015 el servicio se venía prestando de forma adecuada y eficaz a las necesidades que el municipio ha venido requiriendo ante el crecimiento de población, y en mayor medida en Semana Santa y el verano, donde la población llega a triplicarse».

Pero sin un servicio de grúa permanente, al que hay que llamar por cada arrastre, se producen retrasos en la retirada de vehículos, se ofrece un servicio deficiente y además no se pueden realizar controles de alcoholemia en las debidas condiciones, por lo que este tipo de operativos se ha reducido considerablemente. Además, hay que recordar que el Ayuntamiento reparó en 2017 el vehículo grúa municipal, que permanece sin uso desde que se acabó el contrato en 2015, un arreglo que ha costado 6.000 euros pero que no se está empleando, por lo que no entienden el motivo de la reparación.

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