Una segunda vida para la antigua cementera de San Vicente para reconvertirla en un motor económico para la provincia. El Colegio Territorial de Arquitectos de Alicante celebró ayer la mesa redonda «La cementera de San Vicente y el potencial del patrimonio industrial», en la que expertos analizaron la controvertida situación de este complejo, clausurado y abandonado desde hace una década.

Los invitados expusieron que, aunque en la actualidad únicamente se encuentran protegidas seis piezas del complejo de la cementera, el valor patrimonial del conjunto industrial es enorme, así como sus posibilidades de desarrollo económico, además de que es necesario proteger otros elementos y que su valor reside en el conjunto.

En el coloquio participaron la arquitecta municipal de San Vicente, Leticia Martín, junto a los arquitectos Javier García Solera y Manuel Lillo, y fue moderado por Miguel Martínez Perallón, vicepresidente del Colegio de Arquitectos de Alicante. Además, entre otras personalidades asistieron al acto el alcalde de San Vicente Jesús Javier Villar (PSOE), la edil de Urbanismo Mariló Jordá (Guanyar) y el concejal del PP Antonio Carbonell.

Según los arquitectos participantes, se trata de uno de los mayores escenarios de oportunidad de la Comunidad Valenciana, ya que las macroestructuras que en su día jugaron un papel clave para un desarrollo económico basado en el sector primario y secundario, hoy deben ser reconvertidas para facilitar una economía destinada al sector servicio y del conocimiento. El coloquio puso de manifiesto que debería elaborarse un plan estratégico donde se definan los nuevos usos que ha de albergar el complejo, ya que las características de la cementera lo convierten en un enclave perfecto para instalar un parque tecnológico, un centro de investigación asociado a la Universidad, un equipamiento de ocio, deporte y cultural,un parque urbano, o dada la escala de la fábrica, todos ellos a la vez. Cualquiera de las propuestas puede tener cabida si se estudia y se planifica correctamente, según se planteó en el coloquio.

Y según diversas intervenciones de representantes de San Vicente, Cemex, que sigue siendo la propietaria del complejo, pide entre 5 y 15 millones de euros por la propiedad, lo que complica la operación dado que el Consistorio tiene un presupuesto municipal de 39 millones. Por ello se insistió en la necesidad que implicar en el proyecto a la Generalitat o la UE para poder llevarlo cabo, más si cabe teniendo en cuenta el impacto económico que tendría en la región.

Los seis edificios que se encuentran protegidos son los hornos giratorios, los silos, la chimenea, el pabellón de trabajadores y oficina, el laboratorio y las oficinas centrales.