Los doce concejales que en enero de 2015 votaron el cierre cautelar del crematorio de Sant Joan d'Alacant declaran desde ayer en el juzgado de instrucción número 8 de Alicante. Lo hacen en calidad de investigados una vez que la querella presentada por la mercantil ASV Funeser prosperase después de haber sido archivada dos veces por la Audiencia de Alicante. El turno de declaraciones se inició ayer con siete ediles populares además del exalcalde Manuel Aracil; y a falta de Víctor García y Charo Tomás, que se van a incorporar en la causa tras solicitarlo ayer el abogado de la empresa para que acudan como investigados. Hoy es el turno de los dos ediles de Compromís y el de EU, el secretario municipal y la jefa de los servicios jurídicos. Esta semana también van a declarar técnicos de la conselleria y peritos.
El exalcalde y actual portavoz popular negó haber prevaricado y afirmó estar tranquilo porque «hicimos todo conforme a derecho y respaldados por informes técnicos». Aracil advirtió de que, «a día de hoy, la empresa aún no ha implementado las ocho medidas que exigía la Conselleria de Sanidad». «Teníamos la presión de la Plataforma (Anticrematorio) pero no valoramos la posibilidad del cierre hasta que hubo un informe de la Dirección General de Salud Pública que nos dijo que esas emisiones podían producir cáncer», declaraba Aracil.
Por su lado, la querella presentada por ASV sostiene que los ediles eran conscientes de que el pleno no tenía competencias para adoptar el acuerdo y que el informe de la Dirección General de Salud Pública invocado no tenía conclusiones concluyentes sobre riesgos sanitarios y les acusa de un delito de prevaricación.
El abogado Bernardo del Rosal, que representa al crematorio, señala que el cierre provisional fue un acto contrario a la legalidad y advierte de que la empresa aplicó las medidas que la Conselleria de Medio Ambiente había advertido sobre las mediciones de las emisiones. Algo que, apunta, sabía el consistorio y a pesar de ello siguió adelante con el cierre.
Los investigados sólo respondieron a las preguntas del juez y de su abogado, José Sánchez-Alarcos, que representa a los doce concejales. Éste señaló que mientras la empresa alega que Medio Ambiente confirmó que las emisiones estaban corregidas, Sanidad por su parte pedía que se implementaran ocho medidas «y eso, a día de hoy, no está corregido». El abogado señala que, basándose en el informe de calidad, los concejales toman la decisión del cierre cautelar, porque en caso contrario «podrían haber cometido un delito contra la salud pública».
El entonces concejal de Urbanismo, hoy edil de Decido, Santiago Román, se reconocía «con la conciencia bien tranquila sabiendo que hicimos las cosas bien por el interés general de los ciudadanos y respaldados por informes de la Conselleria de Sanidad y del servicio jurídico del Ayuntamiento con informes intachables». Y Almudena Rico añadió que «se actuó para salvar a la población de un riesgo en aquel momento». Por su parte, el edil Víctor García lamentó la postura del PSOE que en aquel pleno se ausentó: «Nunca lo entenderé».
