El Ayuntamiento de El Campello ha admitido a trámite la reclamación de responsabilidad patrimonial por parte de la firma propietaria de los terrenos donde se iba a levantar un centro comercial que ha frustrado la anulación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 2011. La empresa Profusa, del grupo al que pertenece la cárnica El Pozo, era la urbanizadora del PAI para la ampliación del polígono El Messell, proyecto que ha quedado fuera de ordenación con la sentencia del Supremo de 2016, por lo que reclama al Ayuntamiento y la Generalitat más de 1,2 millones de euros como indemnización.
El alcalde Benjamí Soler (Compromís) explicó que el Consistorio se limita a seguir con el trámite de esta reclamación, lo cual no significa necesariamente que vaya a tener un resultado negativo para la Corporación, aunque de todas formas mantiene la puerta abierta con Profusa y la Conselleria y se sigue estudiando una modificación de planeamiento que permita salvar el proyecto y eludir, en caso de que tuviera razón al empresa en su petición de indemnización, el pago de ese dinero. Desde la Corporación se explica que la empresa sigue interesada en desarrollar el proyecto pero que, por los plazos legales, al mismo tiempo ha tenido que presentar la reclamación patrimonial para no cerrarse esa vía.
El Ayuntamiento ha admitido a trámite esta petición después de que la Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio remitiera el pasado mes de noviembre un escrito por el que considera que corresponde al Consistorio de El Campello «la competencia para incoar, instruir y resolver» el procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por Profusa. Por ello el alcalde firmó un decreto el pasado 15 de enero por el que «se admite a trámite la reclamación de responsabilidad patrimonial, y se concreta la total pretensión indemnizatoria de la reclamante en la cantidad de 1.216.911,25 euros», a la que harían frente el Consistorio y Generalitat a partes iguales. Para ello se designa a una funcionaria municipal como instructora del expediente y se admite parte de la documentación aportada por la demandante.
El alcalde aclaró que pese a que el Consell ha dado una moratoria de dos años, hasta finales de 2018, para hacer frente a las diversas reclamaciones millonarias por la anulación del PGOU y solucionar los perjuicios ocasionados por esta sentencia, la tramitación de las peticiones tiene que seguir su curso.
La empresa Profusa se encontraba a principios de 2016 en la recta final de la tramitación del proyecto, después de que el pleno le adjudicara la urbanización del PAI en 2014, por lo que las obras se esperaban que arrancaran en poco tiempo, aunque no se llegó a realizar la reparcelación. Preveía una inversión de 4,4 millones para levantar un centro comercial junto a la carretera de Aigües y una nueva zona comercial.
