La crisis sigue instalada en numerosas familias de San Vicente que llegan con dificultad a fin de mes. Una treintena de familias vive en una situación límite de pobreza y con riesgo inminente de quedarse sin un lugar donde vivir, según advierten desde la plataforma Stop Desahucios. Y reconocen que en los casos más extremos han optado por la ocupación de viviendas deshabitadas al no contar con una propia. El barrio de Santa Isabel es donde, reconocen, se dan más casos, y lamentan «no es la solución, sobre todo ahora que se promueve una reforma que endurecerá las multas por ocupación». «No es legal, pero para algunas personas es la única alternativa», dice José Expósito, miembro de la plataforma.

Sabedores de la necesidad, la plataforma ha sido clave en promover que el Ayuntamiento licite por segunda vez la compra de casas para alquiler social, pendiente aún de que se publique en el BOP para que se puedan presentar las ofertas.

Desde mayo de 2013 cuando se creó la entidad, han buscado soluciones a 260 familias sanvicenteras y aseguran que han logrado ofrecer alternativas a 160 afectados que habían dejado de pagar su hipoteca.

Desde el pasado mes de enero han mediado con entidades bancarias y afectados logrando firmar 35 alquileres sociales con un pago medio mensual de 150 euros; a su vez, también han intervenido en otras 25 reestructuraciones hipotecarias que suponen la paralización de la hipoteca durante cinco años, un tiempo en el que el pago se reduce a una cuota mínima de entre 25 y 35 euros.

Perfil del afectado

Actualmente el perfil del afectado por el impago de la hipoteca en San Vicente es el de una persona de entre 40 y 55 años , parada de larga duración. Desde la plataforma cuentan que muchos con una vida laboral y cotizada de entre 18 y 30 años. «La mayoría son personas con trabajo que fueron despedidas durante la crisis , que tiraron de sus ahorros y sus subsidios y pagaron hasta que pudieron sus hipotecas», explica Expósito, quien añade que, al quedar sin ahorros, indemnizaciones por despidos o los subsidios, y sin ingresos o con las ayudas familiares de 430 euros, «no pueden hacer frente al pago de sus hipotecas, luz , agua, impuestos y alimentación».

El último caso en el que han intervenido fue el martes. Se trata de un vecino que perdió su vivienda en 2009 por no pagar la hipoteca. La plataforma solicitó al fondo social de vivienda del banco que le ha concedido un alquiler social por tres años de 130 euros. Otro de los casos es el de dos empleados de banca en paro desde 2012 y a quienes al cobrar actualmente una ayuda de 430 euros no pueden hacer frente a los 800 de hipoteca. A través de una reestructuración mediante paralización del capital a amortizar durante 5 años pagarán 40 euros hasta su jubilación cuando podrán hacer frente a la hipoteca de nuevo.