Vía libre para el derribo de la Casa Geralda. El Síndic de Greuges ha archivado el expediente abierto por la denuncia presentada por el Círculo de Defensa del Patrimonio a instancias de Seixona Ancestral contra la demolición de esta mansión burguesa de principios del siglo XIX de Xixona. Y lo hace basándose en las alegaciones formuladas por el Ayuntamiento, donde se incluye un informe pericial externo encargado al prestigioso arquitecto alicantino Santiago Varela, que constata el escaso valor del inmueble y certifica su estado de ruina técnica.

La alcaldesa Isabel López anunció ayer que, tras el archivo del caso por parte del Síndic, se va a retomar la adjudicación de la demolición del inmueble y construcción de dos pistas de pádel por 260.000 euros, cuya tramitación el Ayuntamiento había paralizado pese a no ser vinculante la decisión del ente autonómico, ya que la primera edil se había comprometido a acatar su resolución sobre la Casa Geralda.

El Síndic remitió el pasado martes un escrito al Ayuntamiento en el que acusaba recibo de su informe sobre la queja del Círculo de Defensa del Patrimonio, «dando por concluida nuestra investigación, a la vista de las conclusiones sostenidas por los arquitectos redactores del informe sobre el posible interés arquitectónico y el estado de conservación estructural de la Casa Geralda emitido el 17 de julio. En consecuencia, procedemos al cierre del expediente con el archivo de todas sus actuaciones».

Este estudio concluye que «los valores arquitectónicos apreciados en estas construcciones (tanto el edificio principal como los anexos de la Casa Geralda) son muy limitados, desde luego casi inapreciables a partir de que las construcciones perdieron el uso permanente desde décadas atrás». Además recuerda que lo que era una finca agrícola hace casi dos siglos está ahora enclavada en una zona urbana, lo que también descontextualiza el inmueble.

Y también pone de manifiesto que «el costo económico de la intervención de restauración y recuperación estructural que posibilite su utilización funcional excede el deber de conservación legal, por lo que está en situación de ruina técnica».

Por todo ello el informe pericial señala que «se llega a la consideración última de que el edificio que se denomina Casa Geralda se encuentra en avanzado estado de ruina. Al carecer de protección legal su restauración no es obligatoria, y la situación de ruina legal y, además, funcional y técnica lleva a la propuesta que realizamos al Ayuntamiento de Xixona, que deberá continuar con la tramitación del expediente de ruina para dicho inmueble».

El Ayuntamiento, en base a este estudio, reclamaba el archivo de la queja, recordando que «los limitados y escasos valores del edificio, desde un punto de vista arquitectónico o etnológico, lo hacen poco susceptible de catalogación o protección», y que «en aras de evitar riesgo contra las personas y cosas, además de por razones de salud pública y de economicidad, sólo su mantenimiento para estabilidad y seguridad tiene un elevadísimo coste, el edificio debe ser demolido».

El Consistorio recuerda que tanto el informe de Varela como el del arquitecto municipal coinciden en que el coste de la obra de reparación mínima para garantizar la seguridad superaría los 850.000 euros, una cantidad «difícilmente digerible» para un Ayuntamiento con un presupuesto para obras muy modesto.

Discrepancias

Este informe contrasta con el emitido por el director del Departamento de Historia del Arte de la Facultad de Geografía e Historia de la Universitat de València (UV), que pedía frenar el derribo por su valor histórico, reclamaba su protección, cuestionaba el estado de ruina de la casa e instaba a unas obras de consolidación, tal y como ya informó este medio en julio. El Ayuntamiento ya anunció que conservará elementos destacables para buscarles otro emplazamiento, como puertas, piedras, cerámicas, una barandilla o una reja.