La apertura de la piscina climatizada de El Campello sigue adelante. Y lo hace gracias a que el PP «prestó» al cuatripartito en el pleno a dos de sus ediles para que se pudiera aprobar el proyecto de explotación, para así no bloquear la tramitación pero sí poder presentar alegaciones en el plazo de exposición pública que ahora se abre. Las principales cifras de este plan son que la concesión de la gestión de la piscina y pistas deportivas será por 12 años, que se estima que el coste anual de explotación superará los 800.000 euros, que no se contemplan el pago de canon alguno por la adjudicataria ni ayuda económica del Consistorio, y que tendrá que invertir 600.000 euros en equipamiento.
La aprobación inicial del proyecto de gestión requería de mayoría absoluta para salir adelante, pero el ejecutivo formado por Compromís, PSOE, Partido del Campello (Podemos) y el exedil de Demòcrates-Los Verdes David Alavés solo sumaban nueve de los once votos necesarios, ya que gobiernan en minoría. Ante el rechazo de EU y la abstención de Ciudadanos, el PP decidió ceder dos de sus siete votos para que la medida no se quedara paralizada, al menos por el momento, absteniéndose el resto de concejales populares en un proyecto que siempre han llevado por bandera y que impulsaron bajo su mandato.
Este apoyo lo ha dado como una «prorróga» para el equipo de gobierno dirigido por Benjamí Soler (Compromís), ya que los populares esperan que se introduzcan con sus alegaciones algunos cambios en el periodo de exposición pública en diversos aspectos que no ven claros, y que en la última semana tampoco han sido esclarecidos. Hay que recordar que hace una semana el alcalde retiró del orden del día este mismo punto de una sesión extraordinaria para tratar de aclarar aspectos sobre los que la oposición tenía dudas, y al parecer las explicaciones aportadas no han sido suficientes.
Por ello, al no votar todos los ediles populares a favor del plan de explotación el PP podrá presentar alegaciones, y si no se accede a modificar varios aspectos o aclararlos, podría no respaldar la aprobación definitiva del proyecto, lo que paralizaría el proceso y por tanto la apertura del complejo, cuyas obras arrancaron en 2010, con un coste de cinco millones de euros aportados por la Generalitat, y que permanece cerrado desde hace meses a falta de licitar su explotación.
El portavoz del PP, Juanjo Berenguer, explicó que «se nos han dado explicaciones pero quedan dudas por resolver. Este proyecto de gestión es la base del futuro pliego de condiciones y prestamos dos de nuestros votos para poder alegar después, concediendo así un mes de prórroga al equipo de gobierno para que consensúe el plan y haga los cambios necesarios. Y lo hacemos por responsabilidad, para no paralizar ni bloquear la piscina, y realizar una oposición responsable».
Los aspectos que crean incertidumbre se refieren a planteamientos técnicos, y por ejemplo el PP tiene dudas de que la propuesta de que la concesión sea por 12 años sea suficiente para que las empresas se interesen -para que sea rentable-, ya que señala no está suficientemente justificada. Igualmente reclama que se especifique el destino de los 600.000 euros en equipamiento que debe acometer la adjudicataria, y que se supone que serían para dotar de maquinas el gimnasio y otros servicios.
Desde el cuatripartito se mostraron ayer receptivos a introducir algunos cambios para lograr el respaldo del PP en su aprobación definitiva, a la que después seguirá el pliego de condiciones, que está muy avanzado y también tendrá que pasar por pleno.
Precios sociales
Por su parte desde EU y Ciudadanos criticaron que en el proyecto de explotación, que contempla un abono inicial de 45 euros al mes que se rebaja en caso de varios familiares como socios o tercera edad, no figuren por ejemplo tarifas especiales para discapacitados y parados.
Desde el cuatripartito señalaron que esas tarifas sociales ya se contemplan en el pliego de condiciones, y que «son más de las que se pueda imaginar» la oposición, criticando EU que entonces el plan de viabilidad económica no es realista al no incluir esta merma de ingresos entre los 1.600 socios a los que aspira, lo cual puede abocar a un problema de rentabilidad del centro.
EU también lamentó los sueldos para los trabajadores de la piscina que contempla el plan, denunciando que el Ayuntamiento contribuye a la precarización del empleo con ello, a lo que respondió el equipo de gobierno que se trata de los salarios base fijados por convenio que después pueden ser superiores.
