«Situación de urgencia y emergencia». Así ha calificado la Conselleria de Educación la necesidad de llevar a cabo las obras de ampliación y mejora del colegio público Lo Romero, que se encuentra en la localidad de Sant Joan d'Alacant. Esta reivindicación histórica de la comunidad educativa que forma parte de dicho centro está cada vez más cerca de hacerse realidad, puesto que el Consell considera que la actuación es prioritaria para terminar con la insuficiente seguridad del edificio y con los problemas de hacinamiento derivados de la falta de espacio formativo.

La directora territorial de Educación, Tudi Torró, visitó hace unos días el centro acompañada por la concejal de Educación de Sant Joan, Esther Donate, y por el primer teniente de alcalde, Manel Giner. En el encuentro, Torró puso en valor el trabajo que, en el año 2013, llevó a cabo la AMPA de Lo Romero. Y es que, al observar la inactividad del órgano autonómico, los padres y madres de los alumnos fueron los que costearon, con medios propios, la elaboración de un proyecto de ampliación y adecuación del centro.

Así, Esther Donate declaró que la licitación de las obras estará lista para el próximo año. «Se ha puesto en valor la labor del nuevo Consell presidido por el socialista Ximo Puig, poniendo en valor la educación pública e invirtiendo económicamente en el municipio de Sant Joan, una población olvidada por la anterior Conselleria del Partido Popular», añadió la edil socialista.

El proyecto elaborado por el AMPA de Lo Romero contempla la construcción de un aulario de Infantil, una zona de comedor y un gimnasio cubierto, ya que actualmente los alumnos no disponen de uno. Asimismo, se crearán escaleras de emergencia en un lateral del inmueble y un ascensor, ya que el centro carece de salidas de emergencia y no es accesible para personas con movilidad reducida. Así, el coste de las obras asciende a un total de 1.300.000 euros.

El siguiente paso que dará el Consell es la emisión, el próximo mes de septiembre, de un informe patológico que determinará si la estructura del edificio -que tiene alrededor de 25 años- está en buenas condiciones para soportar las obras de ampliación. Si el resultado fuera positivo, el órgano autonómico procedería a actualizar y adaptar el proyecto elaborado por la AMPA a la nueva normativa con la finalidad de poder aplicarlo lo más pronto posible.

Sin embargo, si dicho estudio de la Conselleria de Educación fuera negativo, se tendría que proceder al derribo del inmueble para levantar uno totalmente nuevo.