Cemex ha pedido licencia al Ayuntamiento de San Vicente del RaspeigSan Vicente del Raspeig para demoler el complejo de la fábrica de cementos. La multinacional propietaria de los terrenos y edificios ha presentado un voluminoso proyecto para el desmantelamiento de la que durante décadas fue la industria del municipio, pero se ha olvidado de los seis edificios que están protegidos. Cemex señala que su objetivo es la recuperación de equipos y el desmantelamiento de edificios y estructuras presentes en las instalaciones. Y para ello plantea un presupuesto de ejecución material de algo más de 845.000 euros.
Una vez recibida la petición, el Ayuntamiento de San Vicente a través de la Concejalía de Urbanismo ha emitido un decreto en el que advierte deficiencias en el proyecto presentado y pide a la multinacional que las subsane. La concejal del área, Mariló Jordá (Guanyar), remite a Cemex el informe del técnico de medio ambiente en el que se advierte de que el proyecto presentado no adjunta el estudio de gestión de residuos de construcción y demolición, y señala que también debe de hacer referencia a cómo se van a desmantelar aquellas partes en las que hay residuos peligrosos, como es el amianto presente en algunas partes del conjunto de la fábrica de cementos.
Además, Urbanismo hace hincapié en que no se puede demoler el complejo porque no se han tenido en cuenta seis construcciones que están incluidas en el Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos del término municipal de San Vicente y que están inscritos bajo el nombre de Conjunto Catalogado Fábrica de Cementos, por lo que pide que modifique el proyecto de desmantelamiento de la fábrica. Están protegidos, y por tanto no se pueden demoler, los hornos giratorios, los silos, la chimenea, el pabellón de trabajadores y oficina, el laboratorio y las oficinas centrales.
Jordá recuerda que la cementera forma parte de la historia económica y urbanística de San Vicente. «No podemos impedir el desmantelamiento pero tenemos que velar por la preservación de los elementos catalogados» y advierte la edil que «derribarlos es un delito penal» por lo que señala que van a ser muy estrictos en este punto.
A todo ello se suma que el Ayuntamiento tiene una valoración de la demolición, desmantelamiento y la descontaminación del suelo por algo más de seis millones de euros, más de seis veces más que el presupuesto que presenta Cemex.
Motivos de seguridad
La concejal de Urbanismo explica que tras conocer la petición formal de Cemex se puso en contacto con la multinacional para conocer los motivos por los que se va a demoler la fábrica y si tenían un comprador para los terrenos, el escenario que espera el Ayuntamiento para mejorar esa zona. Según indica Jordá, la motivación que los responsables de la factoría le trasladaron para querer desmantelar las instalaciones, que van degradándose a pasos agigantados, son motivos de seguridad. Y es que el pasado mes de marzo se produjo un incendio sin graves consecuencias en una de las oficinas; pero un mes más tarde sí ocurrió un accidente que podría haber tenido peores consecuencias cuando un chico de 14 años que se coló en las instalaciones se cayó de un tejado. Y ambos sucesos ocurrieron a pesar de que haya vigilancia y seguridad en la fábrica abandonada.
El desarrollo de San Vicente necesita de la mejora de las condiciones del suelo en el que se encuentra la cementera. Y el crecimiento por el oeste está condicionado por ella, de hecho, Jordá señala que el plan de urbanización de la zona de Montoyos no se desarrolla por su cercanía con la degradada fábrica.
Urbanismo tiene catalogado el suelo como industrial y en la revisión del plan estructural (antiguo plan general) se mantendrá como industrial, pero unido a la investigación y el desarrollo tecnológico. Puesto que entre las alternativas propuestas para este suelo se planteaba crear una zona de investigación que complemente el parque tecnológico que tiene la Universidad cruzando la autovía.
La edil y el alcalde, Jesús Villar, se desplazaron en noviembre al Ministerio de Hacienda en Madrid para presentar el proyecto de regeneración de la zona oeste que afecta a la cementera. El mismo día que presentaban su plan para recibir la subvención europea DUSI se entrevistaron con los responsables de la fábrica. De aquel encuentro, los dirigentes municipales reconocieron el interés de la empresa por vender los terrenos, algo que por el momento el Ayuntamiento no se plantea porque supone entorno a 15 millones de euros, y sería el doble para poder desarrollar un proyecto allí.
