San Vicente del Raspeig está obligado a levantar el veto a la empresa Enrique Ortiz e Hijos SA. El Ayuntamiento deberá anular el acuerdo del pleno del 24 de febrero de 2016 en el que aprobó prohibir contratar a la mercantil Enrique Ortiz e Hijos Contratista de Obras SA durante dos años. El Ayuntamiento culpaba a la constructora de haber provocado «graves perjuicios» a las arcas municipales cuando la constructora abandonó la gestión del aparcamiento que construyó y gestionó en los bajos del edificio consistorial.
Una sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Alicante estima el recurso judicial que Ortiz e Hijos presentó pidiendo la anulación del acuerdo plenario. Dicha resolución obliga al Ayuntamiento a pagar las costas judiciales de este proceso y a anular la inscripción de la prohibición de contratar con la empresa en todos los registros donde así conste.
La resolución supone un jarro de agua fría para el Ayuntamiento sanvicentero. Un varapalo para un gesto que pretendía demostrar mano dura contra la empresa por una decisión unilateral que finalmente se ha vuelto contra el Ayuntamiento.
El juez le advierte al Consistorio que la tesis por la que dio luz verde a prohibir contratar con la empresa no puede ser admitida. Indica que no existe ninguna resolución en la que se declare la culpa de la mercantil en la resolución unilateral del contrato, es decir, «el hecho de resolver unilateralmente el contrato no supone una conducta culpable».
El concejal de Contratación, Bienvenido Gómez, reconoció ayer el varapalo para la decisión municipal. El edil señala que la asesoría jurídica «que depende de Alcaldía», remarcaba, está estudiando la sentencia en la que cabe presentar un recurso de apelación.
El pleno del 24 de febrero de 2016 desestimó las alegaciones que presentó Ortiz y tomó la decisión de no contratar con la constructora durante dos años basándose en los daños y perjuicios ocasionados, que valoraba en cinco millones de euros.
El cuatripartito votó a favor con la abstención de PP y Ciudadanos. Mientras la edil de Cs, María del Mar Ramos advertía que se abstenían porque el máximo al que debía enfrentarse la empresa debía ser tres y no dos años; el concejal popular, Antonio Carbonell, auguraba lo que finalmente ha ocurrido. El edil pedía prudencia y esperar a que los tribunales resolvieran el recurso de apelación presentado ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, antes de prohibir contratar con Ortiz. «Se debe de actuar con prudencia ante los posibles perjuicios económicos que podrían suponer para las arcas municipales la adopción del acuerdo en este momento,ante una resolución judicial que podría ser contraria». Al final tuvo razón.
