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San Vicente del Raspeig

Una familia reclama desde hace más de un año los 11.000 euros de su casa protegida

El juzgado obligó a la Conselleria de Territorio a reintegrar la subvención concedida en 2012 pero la Administración no les ha pagado

La abogada conversa con su defendida, en primer término. pilar cortés

Los tribunales les han dado la razón y a pesar de ello, no reciben lo que les corresponde. Una familia de San Vicente del Raspeig está litigando para exigir a la actual Conselleria de Territorio y Vivienda de la Generalitat Valenciana que les pague los 11.000 euros que les concedieron como subvención para comprar su vivienda de protección oficial vivienda protección oficial el 8 de mayo de 2012.

«Hemos tenido que presentar una demanda para que nos paguen lo que nos corresponde», dice la mujer del demandante con la sentencia de hace año y medio entre las manos. Y adelanta que «hemos anunciado una querella por prevaricación y omisión y posible delito de desobediencia contra la Administración».

Hace un año y medio que cuentan con la sentencia del Contencioso Administrativo número 4 de Alicante y la familia ha recurrido al juzgado para pedir que se exija a la Administración al pago. «El juzgado ha avisado cinco veces y ni siquiera contestan», explica la abogada de la familia, Natalia Martínez Hernán, que denuncia «el descaro y la desfachatez de la Administración que hace caso omiso a los requerimientos del juzgado. No sólo no cumple, tampoco contesta».

Por ello, el pasado 20 de febrero presentó un nuevo escrito ante el Juzgado Contencioso Administrativo 4 en el que además de repasar los escritos y acciones que la familia ha realizado vía judicial, desde hace más de un año también advierte de la interposición de una querella. El pasado viernes se le comunicaba a los servicios jurídicos de la Conselleria. Según explica la abogada, ahora la Administración tiene siete días para realizar el pago en caso contrario se abre la vía penal «por presunto delito de prevaricación por omisión así como presunto delito de desobediencia, ante la falta, no sólo del cumplimiento de la sentencia sino ante el caso omiso que ha quedado patente y que viene realizando a los requerimientos judiciales».

La mujer denunciante lamenta la situación de indefensión en la que se encuentran y la impotencia que vive. Durante cuatro años ha estado en paro y ha hecho frente como ha podido a los pagos sabiendo que tenía una ayuda que no llega a recibir. Y confiesa que la situación le ha costado «casi la separación». Y señala, «era un desahogo, porque por eso compramos una vivienda de protección pública». Reconoce que «compramos en plena burbuja y la Administración nos vendió un piso inflado a costa de unas ayudas que no paga».

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