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El Campello

Condena por asumir el servicio de la grúa sin subrogar a los empleados

El Consistorio no abrió un nuevo concurso y pasó a gestionarlo directamente

Condena por asumir el servicio de la grúa sin subrogar a los empleados j. a. r.

Despido improcedente del Ayuntamiento de El Campello. Una juez ha condenado al Consistorio por no haber subrogado el contrato de un empleado del anterior servicio de grúa. El motivo es que la Corporación, cuando estaba gobernada por PP y Decido en marzo de 2015, rescindió el contrato con la empresa que venía prestando el servicio desde 2007 al finalizar su duración, sin sacar a licitación un nuevo contrato y asumiendo de facto, aunque de forma irregular, el servicio, sin la consiguiente subrogación de sus tres trabajadores a la que obliga la ley. Los otros dos trabajadores despedidos están pendientes de juicio y todo apunta que correrán la misma suerte.

El Juzgado de lo Social Número 7 de Alicante, con fecha 24 de octubre, ha condenado al Ayuntamiento por despido improcedente, por lo que debe readmitir al empleado y abonarle 40.000 euros por los salarios impagados, o bien indemnizarlo con 60.000 euros.

Desde el Sindicato Profesional de Policías Locales (SPPLB), cuyos servicios jurídicos interpusieron la demanda, explicaron que «los hechos se remontan a marzo de 2015 cuando gobernaba el PP junto a Decido. El entonces alcalde, Juanjo Berenguer, comunicó a la empresa que prestaba el servicio municipal -una cooperativa formada por tres personas- la finalización del mismo sin haber sacado antes a concurso un nuevo pliego o asumir la gestión directa del mismo como exigía la ley, al ser un servicio público obligatorio para el municipio. Con ello intentó evitar la subrogación de los tres trabajadores de la grúa y procedió de forma «verbal» a contratar a un servicio de grúa privado para que de forma fraudulenta se rompiera el vínculo laboral de los trabajadores con el Ayuntamiento».

El SPPLB destaca que «esa maniobra ha sido descubierta por la juez, que dice que el Ayuntamiento despidió de forma improcedente al trabajador, que si no se ha adjudicado la grúa mediante pliego se entiende que se está gestionando directamente por el Ayuntamiento. También dice la juez que consta como prueba documental que los servicios de Secretaría, Contratación e Intervención municipal emitieron informe por el que declaran irregular la actual situación de la prestación de la grúa por no seguir el procedimiento legal, y mediante la citada contratación verbal por superar los 18.000 euros anuales de un contrato menor».

Desde el sindicato lamentaron que «debido a esa actuación injusta del anterior equipo de gobierno tres trabajadores están en el paro injustamente causándoles un gran perjuicio a ellos y a sus familias».

El SPPLB ha mantenido ya una reunión con el actual alcalde, Benjamí Soler (Compromís), y le ha pedido la readmisión de los tres trabajadores y la municipalización del servicio, «para que se pueda volver a prestar en condiciones óptimas y no en precario como actualmente, impidiendo a la Policía Local poder realizar con plenitud las funciones en materia de tráfico y seguridad vial».

Grúa sin uso

Hay que recordar que la grúa con la que se prestaba el servicio está aparcada y sin uso en el retén de la Policía desde marzo de 2015.

El sindicato agregó que «confiamos que el actual equipo de gobierno acepte la petición sindical, ya que lo llevaba en su programa de primeras 30 medidas de su pacto de gobierno, y también recordar que el actual alcalde, junto al PSOE y EU, votó a favor en la anterior legislatura de una moción para subrogar a los tres trabajadores de la grúa y municipalizar el servicio, y que no salió adelante por el voto en contra el PP Y Decido. Lo contrario sería apoyar la injusta medida y ser cómplices de la misma». Los sindicatos de la Policía Local, en caso de no solucionarse este tema favorablemente para los tres trabajadores, anuncian que emprenderán movilizaciones.

Por su parte el primer edil explicó ayer que «como alcalde debo defender los intereses del Ayuntamiento y de El Campello y hemos iniciado el proceso para recurrir la sentencia. Estamos estudiando la fórmula para resolver el problema del servicio», bien sacando a licitación el servicio o bien municipalizándolo. De cualquier forma Soler recordó que «éste es un tema que viene de lejos, y ya advertimos al PP de las consecuencias que podía tener y no nos hicieron caso».

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