El Ayuntamiento de Sant Joan d'Alacant y la Subdelegación de Gobierno podrían verse las caras en los tribunales. La Subdelegación emitió un requerimiento con fecha 27 de julio de 2016, dirigido al presidente del Ayuntamiento de Sant Joan, «para que en el plazo de un mes proceda a anular el acuerdo municipal adoptado por el pleno en sesión ordinaria de fecha 30 de mayo de 2016, por el que se aprueba el proyecto de prestación por gestión directa del servicio de limpieza de edificios municipales a la empresa pública Personas y Ciudad, Sociedad Anónima Unipersonal, (Pycsa), por considerar que se han infringido preceptos legales». Requerimiento que a fecha de hoy el Ayuntamiento no ha cumplido, por lo que los servicios jurídicos de la Subdelegación estudian el asunto para valorar si emprenden acciones legales o no.
El dictamen explica que« el acceso al empleo público debe hacerse de acuerdo con los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, así como los de publicidad de la convocatoria, entre otros» y que esta subrogación «supone un acceso al empleo público sin dar cumplimiento a los principios ya vistos».
La polémica siempre ha rodeado el proyecto de municipalización de la limpieza de edificios públicos y colegios. Durante la sesión plenaria, ahora en entredicho, el cuatripartito se dividió. PSOE, EU y Compromís votaron a favor y, aunque su socio de gobierno, Decido, no les apoyó, fue el partido que inclinó la balanza con la abstención de sus dos ediles para lograr por 10 votos a favor y 9 en contra -del PP y Ciudadanos- sacar adelante su propuesta. La aprobación se produjo a pesar de dos informes en contra del interventor y del secretario que consideraron que la empresa municipal Pycsa no podría asumir a la veintena de trabajadores afectados.
El alcalde, Jaime Albero, confirmó ayer que el Consistorio recibió a finales del pasado mes de julio el requerimiento de la Subdelegación del Gobierno, pero rehusó hacer declaraciones sobre el paso que dará el Consistorio, «hasta que se reincorpore la jefa de los servicios jurídicos, en octubre», dijo. Lo que sí aclaró es que el servicio «se está prestando con normalidad. El 1 de septiembre lo asumió Pycsa y sin problemas».
Más contundente se mostró el grupo municipal PP: «Se trata de un asunto muy grave, porque significa que se está prestando un servicio de forma ilegal. Es asombroso y arriesgado, nadie está por encima de la ley». Los populares denunciaron, «la actuación del alcalde, parece que esté en su cortijo. Nos hemos enterado de un tema tan grave por casualidad».
