La dueña del bar de San Vicente del Raspeig a la que el Ayuntamiento le ha denegado instalar su terraza en la plaza del Pilar, frente a su negocio, ha presentado un recurso de reposición y denuncia el «agravio comparativo» respecto al resto de locales en el municipio.
En el escrito que tendrá que resolver la junta de gobierno municipal, Estela Gómez argumenta que el Consistorio no contestó expresamente a su petición de junio de instalar un velador en la plaza y le daba permiso para instalar la terraza junto a su fachada, mientras que por otro lado, el informe de la brigada de Aperturas de la Policía Local le denegaba dicho permiso alegando peligrosidad. Y el propio concejal de Ocupación, Ramon Leyda, señalaba que ante un informe policial no podía hacerse nada.
En su escrito la mujer alega el «agravio comparativo» que supone para ella no contar con la terraza para los meses de verano mientras que a su alrededor y en todo el municipio hay numerosos casos iguales al que ella persigue. La junta de gobierno tendrá que pronunciarse respecto a este recurso aunque probablemente si la resolución es positiva, ya no llegará para la temporada estival.
La dueña del bar no está sola en su lucha ya que desde el primer momento cuenta con el respaldo de la Asociación de Comerciantes cuyo presidente, Ignacio Berenguer, junto a la técnico de la entidad, Sandra Bello, se entrevistaron ayer con el concejal de Ocupación de Vía Pública.
Tras la reunión, que se prolongó durante dos horas, los comerciantes salieron satisfechos y afirman haber sentido la predisposición del concejal por solucionar el tema. «Ha sido cordial, colaborador y voluntarioso», resumía el presidente de los comerciantes, quien señala que tras el encuentro «ha quedado claro que los informes policiales no son vinculantes.
Por su parte, el edil señaló que «está prevista una revisión de los criterios técnicos para la instalación de terrazas» que se traducirá en la modificación de la actual ordenanza tras un proceso de consenso. Leyda manifestó su voluntad de que «en este proceso, que se llevará a cabo entre los meses de octubre y noviembre, participen los agentes económicos y sociales».
