Un millón de euros. Es el montante al que la empresa ASV Funeser SLU considera que puede ascender el lucro cesante, es decir, lo que ha dejado de ganar durante el año que la instalación está cerrada así como los desperfectos que podría tener la maquinaria. El crematorio de Sant Joan está cerrado cautelarmente desde la votación en pleno en enero de 2015.
La mercantil quiere que recaiga esta responsabilidad en el exalcalde, Manuel Aracil, y en los 12 ediles que en aquel momento votaron dicho cierre cautelar. Y ha logrado dar un paso más tras el auto de la Audiencia Provincial que revoca el archivo que el Juzgado de Instrucción 8 de Alicante dictó en diciembre pasado. ASV Funeser presentó una querella por prevaricación que ahora vuelve al juzgado. Y la empresa insiste en que su objetivo es que se dirima la responsabilidad de la clausura cautelar y «paguen los políticos y no los ciudadanos de Sant Joan».
El responsable de comunicación de la mercantil, Víctor Humanes, señalaba que «por lucro cesante podríamos estar hablando de unos 700.000 euros», y se remite a la indemnización a la que ya tuvo que hacer frente el Consistorio por la paralización de la actividad. Ahora, Humanes añade que «ha pasado mucho tiempo y los hornos de estar inactivos pueden tener problemas y también los vamos a revisar. Se trata de una maquinaria compleja. Podríamos estar hablando de un millón de euros», exponía. A la vez, lamentó el hecho de que el cierre de la actividad, «parece que se toma muy a la ligera».
Ley
El que fuera primer edil de Sant Joan en la anterior legislatura, el popular Manuel Aracil, reconoció ayer estar tranquilo tras la revocación del archivo y admitió que «si hay que ir a juicio, pues iremos». Señaló que siendo alcalde «he actuado siempre de la mano de la ley. Ahora, que los tribunales se pronuncien». A su vez, advirtió de que la decisión del cierre cautelar se tomó guiado por tres informes, uno de la Conselleria de Sanidad, el de un ingeniero y el que hizo la asesora jurídica.
Santiago Román, -portavoz popular del equipo de gobierno, y hoy edil del partido político Decido, en el cuatripartito, uno de los concejales que votó a favor del cierre del crematorio-, apuntó ayer que «la estrategia de la defensa de la empresa es confundir el informe de la Conselleria de Medio Ambiente con el informe de impacto en la salud, que además es vinculante para el Ayuntamiento y que imponía nueve medidas a implementar por parte del crematorio por riesgos de cáncer y otros daños en la salud de las personas. Medidas que no se han realizado», afirmaba. Román añadía que el acuerdo plenario «se basa única y exclusivamente en el informe de Sanidad, y no Medio Ambiente, elaborado por la técnico».
Por su lado, el primer edil de Sant Joan, el socialista Jaime Albero, señaló que el Ayuntamiento no está personado en esta causa por lo que ha pedido a los servicios jurídicos municipales que estudien la posibilidad de que el Ayuntamiento pueda personarse ahora. Según explicó, ofreció ayer a los ediles de la Corporación afectados en esta querella el asesoramiento de la abogada municipal. Actualmente son siete los concejales que se mantienen en el Consistorio, hay otros dos de Compromís, uno de Esquerra Unida y otro del PP que ya no forman parte de la Corporación.
Albero reconoció que ha supuesto una sorpresa el hecho que de se haya abierto la causa por prevaricación a la que se había dado carpetazo en diciembre y que el Consistorio la ha recibido «con cautela».
Mientras que con sorpresa y estupor recibió la noticia ayer la Plataforma contra el Crematorio que arremetió contra la mercantil a la que acusaron de «intimidar y amenazar para condicionar a los ciudadanos e instituciones». Añadieron que «el cierre cautelar se basa en dos informes negativos que son preceptivos y vinculantes de la Conselleria de Sanidad, no en un oficio de Medio Ambiente». Y exigieron que con urgencia se convoque la comisión del crematorio a la vez que pidieron que a la reunión asista la abogada del Ayuntamiento «como se comprometió el alcalde a hacerlo, para informar de este tema y del próximo proceso judicial», añadían en un comunicado.
A la vez, la plataforma lamentó que el abogado que ha logrado la revocación del archivo de la querella sea el exSíndic de Greuges Bernardo del Rosal, que «hizo una resolución contraria al crematorio, y años después se ha convertido en su letrado», criticaban.
