La anulación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de El Campello complica y mucho el futuro del sector inmobiliario en el municipio costero en un momento clave. La incertidumbre que puede generar esta situación y el hecho de que vuelva a estar vigente el Plan General de 1986, un documento obsoleto y desfasado, amenaza con frenar la recuperación de la construcción en la población turística. En 2015 se levantaron nueve promociones con un total de 162 nuevas viviendas, frente a las tres promociones con 34 viviendas de 2014. Casi cinco veces más. En 2013 únicamente se construyó una casa. Las cifras del pasado año sólo las superan en la provincia Orihuela, Torrevieja, Pilar de la Horadada, Elche, Rojales y Alicante.

Ante esta evidente recuperación, la anulación del PGOU oscurece el futuro del municipio, que por otra parte cuenta con una compleja situación política que hace muy difícil impulsar un nuevo Plan General o modificar el ahora tumbado. La fragmentación del pleno, con siete partidos y un equipo de gobierno en franca minoría, formado por Compromís, Partido del Campello y Demòcrates (suman 6 ediles frente a 15 de la oposición), hace muy difícil pensar en una rápida solución para este tema. Hay que recordar que fueron necesarios 10 años de tramitación para lograr aprobar en 2011 el PGOU que ha anulado el Supremo, y eso que lo sacó adelante en solitario el PP, que disponía de una mayoría absoluta con la que nadie cuenta ahora. Lo que también se desconoce es si hay que hacer un nuevo PGOU o reformar el anulado. El Consistorio va a pedir ayuda a la Generalitat, que fue quien aprobó de forma definitiva el Plan de 2011, para que indique cómo actuar.

La sentencia, según explican desde el tripartito, no afecta a las actuaciones ya ejecutadas, pero sí a las que están en tramitación y las nuevas licencias que se soliciten, aunque otras fuentes apuntan a que obras ya ejecutadas pueden quedar ahora fuera de ordenación. El PGOU contemplaba cuadruplicar la población con 20.000 nuevas viviendas, aunque hasta ahora no se había iniciado actuación alguna en las principales zonas de desarrollo, entre la que destacaba una macrourbanización junto a la carretera de Aigües de 5.000 casas con golf y otras 2.500 en varios sectores del entorno del río Seco. Eso sí, en el futuro esas zonas no podrán desarrollarse salvo que se acometa una modificación puntual del PGOU de 1986, pero para ello se requeriría de una mayoría en el pleno complicada.

Responsabilidad patrimonial

Por otra parte ahora se abre la puerta a posibles reclamaciones por responsabilidad patrimonial dirigidas contra el Ayuntamiento y la Generalitat, según apuntan varias fuentes cercanas al Consistorio. Por ejemplo empresas que hayan podido realizar una inversión en unos terrenos que el PGOU incluía como urbanizables y que ahora han perdido esa condición al regresar al Plan de 1986, podrían reclaman una indemnización.

El Supremo en su fallo ha dado la razón al restaurante Seis Perlas, que recurrió al recalificar su parcela como zona verde a enajenar sin incluir un estudio financiero para hacer viable dichas expropiación. Pero ha ido más allá y ha hecho extensiva la anulación a todo el Plan.