El Ayuntamiento de Sant Vicent del Raspeig ha desestimado las alegaciones presentadas por el constructor Enrique Ortiz contra el expediente iniciado por el equipo de Gobierno por el que se prohíbe contratar con sus sociedades. La medida se ha tomado teniendo como referencia dos informes municipales que califican de "grave perjuicio al interés público" la decisión del empresario de abandonar de manera unilateral la explotación del aparcamiento consistorial.
La comisión informativa ha aprobado inicialmente que la prohibición de contratar con la empresa 'Enrique Ortiz e Hijos, contratista de obras S.A.' sea por dos años, de manera que se guarda la "debida proporcionalidad", ha defendido el equipo de Gobierno que ha recordado que la sanción máxima es de tres años.
En ese sentido, para el cálculo de tiempo se ha tenido en cuenta "la magnitud del perjuicio causado a los intereses públicos", que es "importante y cuantioso", dado que el informe del economista municipal cifra el perjuicio en cinco millones de euros (5.004.359 euros).
La desestimación de las alegaciones del constructor alicantino y la prohibición de contratación se llevarán al pleno ordinario de febrero que será el próximo día 24. Una vez aprobado, el ayuntamiento notificará su decisión a la Junta Superior de Contratación Administrativa de la Conselleria de Hacienda y Modelo Productivo, para que la prohibición se inscriba en el registro correspondiente.
También se notificará a la Junta Consultiva de Contratación de la Administración del Estado, órgano competente para proponer al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, que dicha prohibición se pudiera extender a todo el sector público (art. 61 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP).
El promotor Enrique Ortiz, imputado en varias causas judiciales, construyó el aparcamiento en los bajos del nuevo ayuntamiento a cambio de gestionarlo durante 35 años. La explotación se inició en 2008. En 2013, el ayuntamiento rechazó la reclamación del constructor para que le compensara con 4.400.000 euros por las supuestas pérdidas en la gestión del aparcamiento.
En 2014 renunció a la explotación y llevó la reclamación de aquélla cantidad a los tribunales con el argumento de que el ayuntamiento era el responsable de los malos resultados económicos.
Sin embargo, el juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Alicante desestimó su recurso "pues no puede la mercantil exigir el pago de una cantidad para restablecer el equilibrio económico de un contrato que no existe".
Asimismo, la mercantil llevó el acuerdo de resolución del contrato a los tribunales. Tanto el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana como el juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 fallaron en contra de Enrique Ortiz porque "nos hallamos ante una decisión de resolución contractual y unilateral, no producida ni deseada por el Ayuntamiento de Sant Vicent".
La corporación municipal aprobó en el pleno del 21 de diciembre de 2015 la liquidación definitiva del contrato de concesión obra pública del aparcamiento. La resolución de la concesión conlleva la indemnización a la administración por los daños y perjuicios ocasionados, que se concreta en la cantidad de 2.050.000 euros. Descontada la garantía de 132.000 euros, la liquidación definitiva de la concesión queda finalmente en 1.918.000 euros que Ortiz tendrá que abonar al Ayuntamiento de Sant Vicent del Raspeig.
