E l Ayuntamiento de Sant Joan ha decidido retirar la concesión del polémico PAI de la urbanización de La Font a la empresa adjudicataria de las obras a poco más de un mes para las elecciones municipales. De esta manera, el Consistorio presidido por Francesc Seva ha preferido arrancar de raíz antes de la cita electoral un proyecto que ha cosechado una gran contestación social entre los vecinos de esta zona del municipio. No en vano, de continuar con el plan, cada uno de los más de 300 propietarios de las viviendas de La Font hubiesen tenido que hacer frente a un desembolso medio de 8.000 euros por las obras de remodelación y acondicionamiento de la zona.

La comisión informativa de Urbanismo reunida el pasado 10 de abril acordó con los votos favorables del PSPV y L$27Entesa, y las abstenciones del PP y el Bloc Nacionalista, la resolución anticipada de la adjudicación del PAI por incumplimiento grave del agente urbanizador, Faber Viam SA, de las condiciones esenciales del proyecto, a raíz del recurso presentado por el gabinete de abogados Javier Gutiérrez, que representa a los vecinos. No obstante, al acuerdo definitivo sobre la resolución del expediente será debatido en el próximo pleno municipal.

Según la propuesta de acuerdo de la alcaldía, «la mercantil ha impuesto a los propietarios condiciones económicas y jurídicas distintas a las autorizadas en el PAI aprobado por la corporación». En este sentido, el pleno del Consistorio dio luz verde al proyecto en julio de 2001 con unas cargas de urbanización de 7,8 millones de euros, mientras que Faber Viam presentó en junio del pasado ejercicio unos costes totales de 10,8 millones, un incremento del 39% respecto a la previsión inicial provocado, según la empresa, por la actualización de precios por el transcurso del tiempo y el aumento de los costes de urbanización. Así, la corporación justifica que la legislación permite la retirada de la concesión porque se ha superado el montante total de la obra en un 20% respecto al proyecto original, dado que este incremento se produce «por la inactividad y la falta de diligencia de la empresa a la hora de tramitar y gestionar el PAI».

El Ayuntamiento aduce que la firma ha incurrido en «una demora injustificada y negligente en el inicio de la ejecución material de las obras», cuyo plazo era de 24 meses. Asimismo, se ha producido «una inactividad injustificada de Faber Viam durante periodos de más de seis meses seguidos» y no se ha presentado el proyecto de reparcelación.