El Consorcio de Residuos que preside desde este mes la concejal de Medio Ambiente de El Campello, Cintia Alavés, asumirá el estudio de sustancias químicas para comprobar si, tal y como denuncian los vecinos, del vertedero emanan sustancias perjudiciales para la salud. Es una de las novedades que trajeron ayer debajo del brazo los afectados por la planta Les Canayades y el Ayuntamiento que se desplazaron a la Conselleria de Medio Ambiente para exponer el problema de malos olores de la población que desde hace más de una década padecen y denuncian los vecinos. Hacer este estudio es un compromiso adquirido por el Consistorio en un pleno tras una moción del grupo socialista que todos los grupos votaron a favor.
Ayer, una representación de la plataforma de afectados por el vertedero de El Campello acudió a la reunión que habían solicitado anteriormente donde se entrevistaron con la directora General de Cambio Climático y Calidad Ambiental, María Diago. Cumplieron su objetivo de exponer al nuevo ejecutivo los problemas que padecen desde hace más de una década. Sobre todo de malos olores y, denuncian, también de sustancias químicas que, tras haber hecho informes encargados por ellos, corroboran que están perjudicando a su salud.
Junto a ellos acudió una representación municipal, con el alcalde, Benjamí Soler, a la cabeza, y los concejales David Alavés, de Ocupación de Vía Pública, y David Ramírez, de Infraestructuras, así como la concejal de Medio Ambiente, Cintia Alavés, que lo hizo en calidad de flamante presidenta del Consorcio, del que dijo «irá de la mano de la Conselleria». Los responsables municipales y los vecinos consideraron «muy positiva y en sintonía» la reunión.
«Hay intención de hacer cumplir la ley y que cumplan como toca. El informe de químicos lo hará el consorcio», adelantaba Alavés, «la idea es hacerlo nosotros» y justifica que el Ayuntamiento de El Campello «ha pagado ya muchos estudios que no han llegado a nada y queremos algo con validez», apunta la responsable de Medio Ambiente de El Campello. Señala que en la propia Conselleria les han aconsejado que sea una empresa homologada la encargada de hacer este informe. El Ayuntamiento ya había contactado con la Universidad de Alicante y en una primera reunión con los vecinos conocieron cómo se enfrentaría esta investigación, por la que el consistorio iba a pagar 18.000 euros. Algo que a los vecinos no les gustó, ya que tienen la experiencia anterior de estudios encargados por ellos mismos.
«No nos pueden pagar el daño»
Begoña de Miguel, una de las afectadas que viajó ayer a Valencia explica que «la Conselleria sabe que el vertedero lo está haciendo fatal, reconocen que el tiempo que llevamos sufriendo no nos lo van a pagar jamás en la vida pero están dispuestos a hacer pruebas de químicos y lo que queda clarísimo es que quieren estar con nosotros», exponía. De Miguel destaca el respaldo municipal con el que cuenta, «el alcalde les ha puesto bien claro que no estamos solos, que él va a ir a la calle y que no va a permitir más lo que está pasando. Queremos que a partir de ahora se ponga las pilas FCC porque nos van a apoyar».
