Una intención pero al menos una intención clara. El secretario autonómico de la Conselleria de Medio Ambiente, Julià Álvaro, afirmó que se hará lo posible para evitar que el crematorio continúe con su actividad en Sant Joan d'Alacant.

Álvaro se trasladó este jueves a la localidad de Xixona para llevar a cabo una reunión de trabajo con la corporación de esta localidad en la que se abordó, entre otras cuestiones, la situación de la planta de basuras Piedra Negra. Tras el encuentro y a preguntas de este periódico, el secretario autonómico afirmó que «la voluntad de la Conselleria es que no haya incineradoras y buscaremos la forma para llevarlo a cabo». Álvaro reconoció que existen dificultades legales pero subrayó que se trabajará para que el crematorio cese su actividad en el municipio.

«Me alegra que por fin desde la Conselleria -de Medio Ambiente- se fijen en Sant Joan y en sus problemas», afirmó el alcalde del municipio, el socialista Jaime Albero. El regidor anunció además que a finales de este mes el equipo de gobierno mantendrá una reunión con los responsables de Medio Ambiente para abordar esta cuestión.

Como se recordará, el último episodio del periplo de crematorio en Sant Joan lo protagonizó el Ayuntamiento al presentar un recurso que buscaba revocar la sentencia que anuló las pruebas del crematorio en las que se basó su cierre cautelar.

Reivindicaciones

Albero señaló que el papel del Ayuntamiento consiste en «medir las emisiones, según dicta la ley de 2014» y «poner toda la información y las reivindicaciones de los vecinos en conocimiento de la nueva dirección de la Conselleria de Medio Ambiente, para que, dado que su competencia, tome la decisión que toca». Por ello, el primer edil señaló que el Ayuntamiento «está a la espera de lo que diga el juez».

Como ya publicó este periódico, el juez falló a favor del grupo ASV -empresa propietaria del crematorio- en el contencioso que la mercantil abrió con el Consistorio tras la mediciones realizadas en la incineradora en 2014, a instancias de la administración municipal. Por lo tanto, los resultados de las pruebas en las que se apoyó el anterior equipo de gobierno popular para decretar, el pasado mes de enero, el cierre cautelar de las instalaciones carecen, según la sentencia, de validez.

A pesar de ello, a mediados de septiembre, la medida seguía aún vigente y la incineradora llevaba más de medio año sin actividad.

El recurso presentado por el Ayuntamiento se base en un fallo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana, en el que se señalaba que el Consistorio estaba capacitado para ejercer la función inspectora sobre la actividad del crematorio.