El proyecto para que la Univesidad Católica de San Antonio de Murcia (UCAM) se estableciera en Sant Joan d'Alacant murió tras las elecciones locales y autonómicas del pasado mes de mayo. El cambio de gobierno llevó a la propia Fundación San Antonio, promotora del campus, a dar un paso atrás y retirar la subvención que, hasta ese momento, aportaba a las escuelas deportivas municipales de la localidad retirar la subvención a modo de compromiso de llegada, poniendo fin a su más que anunciado aterrizaje en Sant Joan. Sin embargo, el Ayuntamiento sigue sin recuperar el aval bancario, valorado en 1,3 millones de euros, que depositó ante la Generalitat dentro de la operación de llegada de la UCAM que, a día de hoy, representa un lastre económico para las arcas municipales.
El Consistorio adquirió la antigua residencia de Tiempo Libre al Consell, por 4,5 millones de euros, para cederla después a la entidad católica y ubicar allí el campus. En el marco de esta operación de compra-venta el Ayuntamiento depositó un aval bancario de 1,3 millones de euros a la administración autonómica. Sin embargo, la paralización del proyecto llevó a la administración municipal a devolver el inmueble a sus antiguos propietarios. Así, desde el pasado 16 de julio el edificio volvió a estar en manos del Gobierno autonómico, que, sin embargo, aun no ha devuelto la garantía.
Así las cosas, el actual concejal de Hacienda de Sant Joan, Llorenç Román, de Compromís, ya ha iniciado las gestiones para recuperar el aval de «forma íntegra». El problema es el deterioro que ha experimentado, durante los últimos años, el citado inmueble. Tiempo Libre se ha convertido en un foco de vandalismo, con grafitis y restos del efecto de las llamas incluidos. Por ello, el Consell podría incautarse de una parte del aval bancario para subsanar estos desperfectos del inmueble. Con todo, fuentes de la conselleria de Hacienda aseguraron ayer a este diario que «se está trabajando para encontrar la mejor solución para ambas administraciones».
Costes derivados
Por otra parte, no hay que olvidar que el mantenimiento del aval supone un coste extra para el Ayuntamiento. La administración local paga 3.400 euros al trimestre en concepto de intereses por la garantía bancaria. De hecho, Sant Joan ya ha desembolsado a este fin más de 30.000 euros. Unos pagos que deberá mantener hasta que el Gobierno autonómico zanje el asunto del aval.
