Aplazar la deuda. Esa es la solución que ha encontrado, in extremis, el área de Hacienda de Sant Joan para evitar el caos económico que planea sobre las arcas locales a consecuencia de la fallida operación, valorada en 4,5 millones de euros, para implantar la Universidad Católica de Alicante (UCA) en el municipio. El Consistorio debe iniciar este mismo mes el anteproyecto de elaboración de los presupuestos de cara a 2015. Unas cuentas que deberán soportar un gasto de cuatro millones y medio de euros si el equipo de gobierno no logra posponer la deuda contraída con el Consell durante el proceso de llegada del centro universitario católico a la localidad. Un desembolso que desbarataría el equilibrio de las cuentas al suponer alrededor del 25% de la cifra total de la tabla presupuestaria.
Como se recordará, el Ayuntamiento de Sant Joan adquirió por 4,5 millones de euros la residencia de Tiempo Libre a la Generalitat para cederla de manera gratuita a la UCA. Una compra que no tendría, en principio, efectos en las cuentas locales. De hecho, la Generalitat anunció que exoneraría del pago de los 4,5 millones al Consistorio a cambio de que la Fundación de San Antonio, promotora de la Universidad Católica con sede en Murcia, inyectara cuatro millones en el municipio para reformar los dos institutos de la localidad, el IES Luis García Berlanga y el IES Antiguo Lloixa.
El acuerdo, que se cerró hace un año y medio, fue cuestionado desde un primer momento por los grupos de la oposición, que apuntaban que el municipio perdía medio millón de euros con el intercambio. Con todo, el equipo de gobierno popular hizo caso omiso a las críticas y siguió hacia adelante con sus planes. Sin embargo, las intenciones de la Administración local se han visto truncadas por el incumplimiento de las promesas, tanto de la UCA como de la Generalitat. Ambos entes han obviado su parte del acuerdo y es, ahora, el Ayuntamiento quien pagará, a un precio muy elevado, los platos rotos de una operación que iba a «generar riqueza y traer prosperidad económica al pueblo» en palabras del alcalde de Sant Joan, Manuel Aracil.
Promesas incumplidas
Por un lado, el Consell no ha aprobado en las Cortes la Ley de Reconocimiento de Universidades a través de la cual la UCA podría constituirse en Sant Joan. Una condición básica para que la Universidad pueda aterrizar en el municipio y que el Gobierno valenciano ha aplazado «sine die». De hecho, la consellera de Educación, María José Català, se ha limitado a decir en el hemiciclo autonómico que este proceso es «largo y costoso» a la vez que admitió, el pasado mes de mayo, que la UCA no se pondría en marcha, al menos durante el presente curso lectivo.
Ante este panorama la Fundación de San Antonio se niega a cumplir con su parte del pacto escudándose en la ausencia de una Ley que le avale como Universidad y que le dé la certeza de poder iniciar, en algún momento, su actividad en Sant Joan. Por ello, todavía no ha ingresado los cuatro millones de euros prometidos a las arcas locales.
Con todo, el equipo de gobierno santjoaner insiste en que la UCA llegará a Sant Joan, antes o después. «En cuanto la Generalitat la reconozca como Universidad, llegará», sentenció ayer el portavoz del PP, Santiago Román. Un punto para el que no hay una fecha marcada en el calendario, lo cual pone en un brete al área de Hacienda. «Estamos en conversaciones para prorrogar el pago de los 4,5 millones», reveló a este diario el responsable del departamento, Modesto Baeza. Si, finalmente, el equipo de gobierno popular logra su objetivo, endosará la deuda de 4,5 millones a la nueva Corporación resultante de las elecciones de mayo de 2015.
Los grupos de la oposición coinciden en alertar sobre el riesgo de la maniobra. «La quiebra económica la pagaremos todos los vecinos», advirtió el portavoz del PSOE, Baltasar Ortiz. El edil del Bloc, Xavier Sala, lamentó que la herencia del PP va a ser el «endeudamiento». «Es un peligro evidente para la Hacienda local», sentenció, por su parte, el portavoz de EU, César Vilar.
