La confirmación de algo que no tiene futuro. Esa es, en resumen, la lectura que los grupos de oposición PSOE y EU en el Ayuntamiento de Sant Joan hacen de la ratificación de que la Universidad Católica de Alicante (UCA) no arranca el próximo curso. Así lo dejó claro la consellera de Educación, María José Catalá, en las Cortes el miércoles. La oposición exige al equipo de gobierno que se olvide de la implantación de esta universidad y advierten que de seguir en marcha será la ruina para Sant Joan. Todo lo contrario de lo que opina el equipo de gobierno, que cree que será fuente de riqueza y creadora de empleo.
La confirmación de que no hay plazos no ha cogido por sorpresa al portavoz socialista, Baltasar Ortiz, quien además está especialmente enfadado con este asunto. «Esto pone de manifiesto que el proyecto es un fracaso y puede ser un endeudamiento muy peligroso para las arcas municipales en el futuro», y añade que de seguir adelante con la compra a la Generalitat de la residencia de Tiempo Libre para cederla a su vez a la UCA, que cuantifican en unos 6 millones de euros, será una herencia que lastrará a las próximas corporaciones. El portavoz socialista exige «que se anule la operación de compra-venta». Ortiz advierte de que el propio alcalde Manuel Aracil confirmó en el pasado plen0 que no hay convenio para exonerar del pago de 4,5 millones, «al Ayuntamiento sólo le queda la opción de devolver la residencia de Tiempo Libre a la Generalitat».
El concejal de EU, César Vilar, declara en la misma línea que «existe una falta de previsión alarmante del equipo de gobierno» y cree que las palabras de la consellera en respuesta a la pregunta de la diputada de Compromís Mireia Mollà, «dejan en mal lugar al alcalde, que ya ha dado dos fechas para el comienzo del curso en la UCA».
El portavoz del equipo de gobierno, Santiago Román, justifica el retraso que confirmó la consellera: «La Generalitat tiene que cumplir y lo está haciendo con unos trámites administrativos cuyo ritmo es inferior a lo que a la Universidad y al Ayuntamiento nos gustaría». Alegando para no enseñarlo que es un borrador, Román cuenta que desde abril tiene el convenio con la Conselleria de Educación en el que se especifica que va a recibir dinero para el arreglo de centros públicos. También asegura que la Generalitat debe al Ayuntamiento un IBI de un edificio, aunque afirma desconocer cuál, de 350.000 euros, y que va a renunciar a las subvenciones que la Generalitat debe pagarle al Consistorio, todo ello para «descontarlo del precio que el Ayuntamiento pagará por la residencia de tiempo libre». Román insiste en invitar a Mireia Mollà «a venir a Sant Joan a explicar a los ciudadanos sus motivos para bombardear un proyecto tan importante como este».
