La Gestora de Asociaciones de Vecinos de El Campello ha denunciado que el Ayuntamiento está dilatando la apertura de un expediente sancionador por la construcción de un chalé en Muchavista que presenta supuestas irregularidades urbanísticas, y que ha sido promovido por uno de los arquitectos municipales, Vicente Ausina, acusando al equipo de gobierno de «pasividad y trato de favor».
La denuncia de una comunidad de vecinos en 2011 inició una investigación para aclarar si se ha incurrido en alguna ilegalidad en la obra, que desde hace varios años permanece paralizada por la coyuntura económica y que cuenta con licencia desde 2002. Pero pese a haber pasado tres años y al menos ocho informes técnicos municipales respecto a esta obra, sigue sin haberse cerrado el expediente ni impuesto sanción alguna, algo que consideran un «escándalo» ya que «a cualquier ciudadano hace tiempo que le habrían multado y obligado a restituir la legalidad».
La obra en cuestión está ubicada entre las calles Oviedo y Mariners, a escasos metros de la playa, y se trata de una gran vivienda unifamiliar a medio construir. Hay que destacar que cuando se empezó a levantar el promotor no era arquitecto municipal, y que en sus alegaciones presentadas ante el Consistorio el supuesto infractor ha negado que se haya cometido irregularidad alguna. Por su parte el alcalde Juanjo Berenguer explicó a este medio que el Consistorio está siendo especialmente escrupuloso en este tema, negando ningún tipo de trato de favor y recalcando que el tema «está en manos de los técnicos, que son los que tienen que decidir». Además, señaló que el Ayuntamiento ha solicitado otro informe sobre la construcción, a pesar de que los existentes son bastantes claros a la hora de advertir de distintas irregularidades de las que discrepa abiertamente el constructor.
En los informes municipales se advierte que en la obra se ha incluido una cámara sanitaria -estancia que separa el terreno del suelo del chalé para ventilación y evitar humedades- que no se contemplaba en la licencia aprobada en 2002 y que no ha contabilizado a la hora del pago de tasas, y también se alerta de que está cámara ha elevado la cota de la planta baja 80 centímetros respecto a lo previsto. Además, señalan que la obra no respeta el ancho programado para la reurbanización de la calle Oviedo, un vial muy estrecho para el que se deberían dejar 10 metros de amplitud, al invadirlo la construcción, pese al convenio formalizado entre ambas partes y lo establecido en el PGOU.
Discrepancias
En cambio, el promotor en sus alegaciones afirma que la cámara sanitaria se ajusta al proyecto, que su inclusión no aumenta la superficie construida ni afecta al presupuesto computable, y que no se han cometido irregularidades con las alineaciones. Del mismo modo asegura que el chalé no afecta a la futura reurbanización de la calle Oviedo, alertando de contradicciones en las mediciones realizadas por el Consistorio.
A pesar de la claridad del último informe técnico municipal, fechado el 11 de junio del año pasado, en sus conclusiones se deja abierta la puerta al equipo de gobierno a asumir el criterio del técnico e iniciar expediente sancionador y demoler las partes ilegales, o bien aceptar la interpretación del promotor y archivar el tema. Por ello, el alcalde ha solicitado un último informe, el noveno, que deje claro en sus conclusiones las medidas a adoptar, recordando que se trata de la denuncia de un vecino de la zona contra el promotor de la obra.
Sombras de duda
Por su parte la presidenta de la Gestora, Mar Granados, destacó ayer que «existen sombras de duda sobre la concejalía de Urbanismo en relación a esta construcción. En los tiempos que corren no deben de existir sospechas de la actuación de la concejalía, sobre la que recae la dirección y control de la gestión de urbanismo. Está claro que los servicios técnicos han constatado irregularidades urbanísticas en los informes. Nos encontramos con la dilación en el tiempo del inicio de un procedimiento sancionador por la ejecución de obras no acorde con la licencia concedida, cuando a cualquier otro ciudadano de a pie hace tiempo que le habrían multado y obligado a demoler».
Granados agregó que «estos hechos son indignantes. No es aceptable de cara al ciudadano que un funcionario de la administración local con los conocimientos en la materia esté bajo sospecha de haber cometido una infracción urbanística», y anunció que la Gestora de Vecinos se va a personar en este procedimiento para reclamar la restitución de la legalidad.
