Los dos aparcamientos públicos subterráneos del centro de San Vicente, el del Mercado Municipal y el del Ayuntamiento, han supuesto un negocio ruinoso para Enrique Ortiz por los bajos niveles de ocupación que ambos registran. El empresario responsabiliza de esta infrautilización a la Corporación y ha reclamado que le indemnice con más de siete millones de euros. El pleno del próximo miércoles aprobará una propuesta de la alcaldesa, Luisa Pastor, para denegarle esta petición. Entre otras cuestiones, en el escrito se cuestiona la «seriedad» del contratista por no asumir ni una mínima responsabilidad en el mal funcionamiento de las instalaciones.
Ortiz reclama 3.005.423 euros «como medida para el restablecimiento del equilibrio económico del contrato por la infrautilización» del estacionamiento del Mercado, cuya concesión se le otorgó en septiembre de 2002 por un periodo de 50 años. También pide 4.425.912 euros por el aparcamiento del Ayuntamiento, que asumió en 2008 por 35 años.
El empresario basa su reclamación en la «pasividad o connivencia municipal con los aparcamientos irregulares», una acusación que trata de probar con dos informes técnicos que se realizaron en sendas visitas al municipio los días 18 de diciembre de 2012 y 26 de febrero de 2013, una de ellas incluyendo acompañamiento notarial.
El informe del técnico municipal rechaza rotundamente estos informes al considerar que dos visitas son «una muestra escasamente representativa» frente las cifras de denuncias tramitadas por infracciones o estacionamiento indebido de la Policía Local.
En cuanto al razonamiento de que hay un aparcamiento libre y gratuito en el solar de La Inmaculada, el Ayuntamiento le replica que Ortiz ya conocía su existencia cuando optó a la contrata. Frente al argumento de la pérdida de negocio por el desvío de tráfico al peatonalizar la avenida de la Libertad, el Ayuntamiento le replica que también debía saber que este proyecto estaba en marcha y que, además, con esta obra se redujeron plazas en la calle.
El Consistorio le reprocha asimismo que alegue los mismos motivos para las plazas de rotación que para las de alquiler. Además, afirma, «No se tiene constancia de que por parte del concesionario se haya desarrollado ninguna actividad tendente a su comercialización ni acción publicitaria alguna, desde el inicio de la concesión hasta el momento presente. Ante la ausencia de un mínimo de diligencia en su gestión, no puede pretender trasladar a la Administración la responsabilidad por los nulos efectos ni por tanto reclamarle indemnización por ello».
Es más, considera «llamativo» que el concesionario atribuya al Ayuntamiento la totalidad de las causas de falta de clientela «sin contemplar en mayor o menor medida otras de otro tipo como las derivadas de la situación económica general o de su propia gestión». Es, agrega, como si el Consistorio «debiese garantizar en todo caso y circunstancia el beneficio de la concesionaria». De ahí que encuentre «reales dudas sobre la seriedad y lo fundamentado de su reclamación».
Reacciones políticas
El equipo de gobierno de San Vicente considera que los escritos de Ortiz demuestran «que no se puede abrir el parking de la plaza de José Ramón García Antón -antes del Pilar- porque entra en conflicto con estas concesiones», teniendo en cuenta que el empresario «aportó una parte importante de la financiación de estos dos proyectos». Desde el equipo de Luisa Pastor se recuerda que hubo conversaciones con el contratista para que «adaptara las tarifas a la realidad económica de San Vicente e incluso se le ofreció la gestión del tercer parking», que sigue cerrado a la espera de que mejore la situación económica.
Mientras, EU lamentó la «absoluta desfachatez» de Ortiz. Su portavoz, Mariló Jordá, apuntó que «los aparcamientos no son rentables en primer lugar porque la gente no puede pagar las tarifas y, en segundo, porque el PP se dedicó a hacer grandes obras con un claro afán de captar votos proporcionando al mismo tiempo negocio a empresarios afines como Enrique Ortiz. Y ahora pasa lo que pasa».
El portavoz socialista Rufino Selva replicó al empresario que «lo que tiene que hacer para hacer viables estas infraestructuras es poner unas tarifas a precios razonables y campañas de utilización y promoción conjuntamente con el comercio legal». Además, criticó al PP por «favorecer el estacionamiento de pago con la eliminación de plazas de aparcamiento gratuitas, la peatonalización del casco urbano y la eliminación de zonas de libre aparcamiento».
