Un agente de la Policía Local de Mutxamel se declaró culpable ayer de un delito continuado de falsificación de documento público al haber modificado en dos ocasiones bajas médicas expedidas por la Agencia Valenciana de Salud de la Generalitat en 2010.
Tras llegar a un acuerdo de conformidad en la sala de lo Penal número ocho de los Juzgados de Alicante, la juez condenó al acusado a un año de servicios a la comunidad y a abonar una multa de seis meses a razón de seis euros diarios más las costas judiciales, en vez de los dos años de cárcel que había pedido la Fiscalía.
"Cometí un error, pasaba por una época muy mala a nivel personal y me pilló por medio una guerra interna". Estas fueron las palabras del acusado ayer, tras llegar al acuerdo por el que se rebajó la petición de condena inicial de dos años de prisión, así como una multa de diez meses a razón de seis euros por día.
El Ayuntamiento de Mutxamel fue quien denunció a este agente al detectar irregularidades. Sin embargo, el primer teniente de alcalde y concejal de Planteamiento y Obras Públicas, José Antonio Bermejo, afirmó ayer que el Consistorio no hará declaraciones hasta que se le comunique por escrito la resolución relativa a este juicio.
Espionaje y "mobbing"
El condenado quiso enmarcar ayer su caso en la polémica que rodea a la Policía Local de Mutxamel. En octubre de 2012 un agente formuló una denuncia por presunto espionaje contra dos oficiales que finalmente fueron imputados. El miembro del cuerpo policial que presentó la denuncia afirmó haber descubierto de forma casual que un agente tenía en su poder supuestamente información robada de cinco compañeros, documentación que se habría sustraído de "la nube", el disco duro virtual donde la Policía Local almacena datos. A los dos imputados de este caso -uno llegó a ser arrestado- se les acusa de un delito de descubrimiento y revelación de secretos ya que habrían empleado una clave de administrador para acceder a la información personal.
La denuncia de presunto espionaje derivó a su vez en la apertura de una pieza separada del caso en la que se imputa al jefe de la Policía Local, Felipe Manzano, por aparente "mobbing". La juez de San Vicente del Raspeig que instruye la causa ya ha tomado declaración a diez agentes municipales por este caso, que aseguran haber sido víctimas de coacciones por parte del intendente jefe.
"El caso de este compañero -el agente que fue condenado ayer por falsear documentos públicos- se produjo dos años antes de la denuncia de espionaje, es decir, no está directamente relacionado pero lo cierto es que ya en ese momento el ambiente en el cuerpo -policial- era pésimo en lo que se refiere a las condiciones laborales del personal", aseguraron ayer fuentes cercanas a los casos citados anteriormente.
Las mismas fuentes indicaron además que la juez de San Vicente que lleva adelante las denuncias presentadas por presunto espionaje y "mobbing" tomó el lunes declaración a un nuevo testigo, lo que elevaría a diez los agentes que aparentemente sufrieron coacciones por el jefe de la Policía Local.
Hasta esta semana eran ocho los policías personados en la causa y un compañero que reconoció haber sufrido presuntamente acoso laboral pero rechazó denunciar los hechos. Se debe recordar en este sentido que Manzano negó ante la juez las acusaciones de acoso laboral de los agentes el pasado mes de abril.
