Urbedesa, la empresa urbanizadora del programa de Actuación Integrada Montoyos, ha presentado ante la Concejalía de Urbanismo una solicitud de suspensión temporal de este plan urbanístico que se prevé desarrollar junto a los Juzgados de San Vicente y la Universidad. Además de proponer un aplazamiento por un periodo de dos años, la mercantil ha remitido una carta a las cuatro familias que residían en las viviendas que fueron derribadas comunicándoles que no seguirá abonándoles la ayuda para el realojo provisional, a pesar de que todavía no se les ha otorgado un hogar definitivo.

El PAI Montoyos es el más céntrico de los planes urbanísticos pendientes de desarrollar en San Vicente y contempla la construcción de unas setecientas viviendas y el colegio número 12. También incluye la ronda Oeste, que es la única parte que ya se ha desarrollado. Se aprobó en 2005 aunque todavía está pendiente la aprobación definitiva del proyecto de reparcelación. En 2009 se inició la demolición de cuatro de las más de 20 viviendas afectadas y las familias que las ocupaban fueron realojadas de forma provisional en pisos de alquiler, en espera de que el IVVSA construya un bloque para realojarlos. Los propietarios recibirán una vivienda y a los alquilados se les concederá posiblemente un alquiler social.

Mientras, la Generalitat aprobó el Decreto-Ley 2/2011, de 4 de noviembre, de medidas urgentes de impulso a la implantación de actuaciones territoriales estratégicas, que prevé la posibilidad de solicitar la suspensión temporal de los programas urbanísticos, y Urbedesa ha presentado al Ayuntamiento una petición para acogerse a esta normativa. La mercantil propone un aplazamiento por un periodo de dos años prorrogables y lo justifica por la difícil situación económica general, que afecta especialmente al sector inmobiliario, además de las dificultades para invertir en el sector por la situación de las entidades financieras.

Asimismo, ha comunicado a las cuatro familias desalojadas que ya ha vencido el plazo de 32 meses durante el cual Urbedesa les tenía que financiar el precio del alquiler por realojarlos de forma provisional y que a partir del 30 de mayo no les pagará la ayuda de 300 euros.

La portavoz de Esquerra Unida, Mariló Jordá, lamentó ayer la situación en la que quedan estas familias debido a que "el IVVSA no ha cumplido con su compromiso de construir las viviendas para el realojo de estos vecinos, a pesar de que el Ayuntamiento le cedió una parcela". La edil apunta que el Ayuntamiento "como firmante de este proyecto urbanístico, tiene la obligación de garantizar el derecho a la vivienda de estas personas que en su día fueron desplazadas de sus casas". Jordá agrega que "una de las consecuencias más graves es la paralización del colegio previsto en la zona" ya que el "colegio provisional Nº12 constituye un cajón de sastre donde van a parar los alumnos que no caben en otros centros y no reúne las condiciones óptimas que debe tener cualquier colegio".

También el portavoz socialista reclamó "que se garanticen los realojos de las familias hasta que se les dé una vivienda definitiva, como acordaron en 2009 el PSOE, la urbanizadora y el Ayuntamiento. "Menos mal que entonces no continuaron con los derrumbes ya que ahora podría haber otras 30 familias afectadas por unos derribos que no han servido para nada ya que estos ciudadanos se han quedado sin casa y sin expectativa de futuro", afirmó Rufino Selva.

El concejal de Urbanismo, Antonio Carbonell, replicó que las cuatro familias vivían de alquiler en las viviendas desalojadas y que el Ayuntamiento "intentará darles una solución que se acomode a cada caso, pero nadie se va a quedar en la calle". El edil agregó que aunque el plan contempla la construcción de un edificio para los realojos, considera que "incrementar el parque de viviendas con la situación actual no es razonable". Por tanto, apunta que "habrá que buscar soluciones aplicables a cada caso con el parque de viviendas que tenemos".

"No afecta al colegio"

El edil indicó que su departamento "está valorando el aplazamiento -solicitado por Urbedesa- y manteniendo reuniones con parte de los propietarios del suelo". El edil sostiene que el plan Montoyos "es una prioridad" por su céntrica situación pero también considera que no se puede ignorar la situación del mercado de viviendas. En cuanto al colegio, Carbonell aseguró que la suspensión del plan "no le afecta" pues ya se cedió la parcela a la Conselleria de Educación para que lo construya cuando pueda, "aunque las necesidades de escolarización están cubiertas para el próximo curso".